Pacto de silencio
Miedo, amenazas y el pedido de su abuela para que esperara a su fallecimiento hicieron que una joven demorara 11 años en denunciar a su tío por abuso sexual. El sometimiento se extendió entre los 6 y los 16 años de la víctima, concluyendo en 2009 cuando ella contó por primera vez lo que le estaba pasando. Esta semana se confirmó la prisión preventiva para el acusado.
La denuncia fue radicada en 2020, tras el fallecimiento de la anciana, en cuyo velorio la joven se cruzó con su agresor. El 8 de julio de este año, el fiscal Roberto Olcese imputó al tío, Jorge Ulises Pereyra, por "abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda" en concurso ideal con "corrupción de menores".
Al día siguiente, la jueza Sandra Valenti ordenó la prisión preventiva. La resolución fue apelada, y confirmada este lunes por el camarista Sebastián Creus, quien señaló que resultaría razonable "exigir una rápida elevación a juicio", e hizo hincapié en la cuestión intrafamiliar: "Estos vínculos presentan el problema de que la influencia negativa en los testigos no viene del lado de la violencia o la intimidación, sino del contacto persistente con ellos y entre ellos, en la explotación de sentimientos encontrados".
La apelación fue interpuesta por el abogado defensor Alejandro Otte, y el lunes 13 de septiembre se realizó la audiencia en la que el Dr. Creus escuchó sus agravios, así como las respuestas del fiscal Olcese, y la abogada querellante, Carolina Walker Torres.
11 años después
La denunciante es una mujer de 29 años, que se acercó a la justicia en 2020, tras el fallecimiento de su abuela materna, quien le había pedido que esperara a que ella muriera para iniciar el proceso penal. Esta no era la única presión que sentía, ya que Pereyra "me amenazó durante muchos años con matarme si contaba algo".
Los abusos comenzaron cuando tenía 6, con manoseos, hasta que dos años después su tío la accedió carnalmente. Tenían lugar en la casa de él, cuando la niña se quedaba a dormir, y en los diferentes vehículos que utilizaba para desempeñarse como transportista escolar. Estos ultrajes se detuvieron recién cuando la víctima tenía 16 años, en 2009, momento en el cual ella logró contar por primera vez el calvario que venía viviendo.
Primero sólo pudo manifestar los tocamientos y con el paso del tiempo logró esbozar más detalles de las situaciones que atravesó. Su núcleo familiar cortó todo tipo de relación con sus tíos, y ella dejó de verlo. Sin embargo, tardó 11 años en realizar la denuncia. La abuela le pidió que esperara, y fue recién con su muerte en 2020 que la víctima acudió a la justicia. Pereyra fue imputado y quedó en prisión preventiva.
Denunciante y acusado declararon en la audiencia de apelación del pasado lunes 13. La primera manifestó que temía por ella, su familia, y su hijito; y que tanto la esposa del imputado (su tía de sangre) como los hijos de éste (sus primos) no sólo la insultan y hostigan sino que "amenazan testigos". Tras conocer el fallo, aseguró: "Después de una semana sin dormir por miedo a que lo liberen, hoy siento alivio".
La versión de la contraparte es acotada. Pereyra declaró ante el juez que "jamás la amenacé" y que la denuncia en su contra surgió a raíz de un "problema familiar" por el cual "buscaron una manera de tomar represalias en contra mía".
La apelación
El planteo del defensor Otte fue técnico, manifestó que al momento de dictar la prisión preventiva la jueza Valenti dio por acreditados los hechos "bajo las bases, casi pura y exclusivamente, de declaraciones", a las que tildó de "imprecisas". Además, señaló que "se podrían haber conseguido otras evidencias" y que los peligros procesales no fueron valorados correctamente.
El camarista consideró que "las imprecisiones que alega la defensa son detalles puntuales cuya faltante no desmerece el testimonio, por el tiempo que ha pasado, por las etapas de la vida de la víctima donde se produjeron los hechos y por la especial vulnerabilidad de ella, acuciada, además, por el entorno familiar".
En cuanto a los peligros procesales, para el Dr. Creus "el aspecto más relevante es el peligro de entorpecimiento probatorio para la investigación" y que "el verdadero problema que se presenta es, justamente, el vínculo existente entre quienes aparecen como protagonistas" porque "las personas que podrían verse vinculadas al proceso como testigos, a su vez, tienen un vínculo muy cercano con víctima e hipotético victimario".
"En esos contactos, eventualmente, las menciones o comentarios sobre los hechos son inevitables, y no es posible prever hasta dónde alguno de los familiares, naturalmente se inclinará, en buena fe sentimental, a favor del imputado. En este contexto, entonces, los riesgos de interferencia con la prueba son reales y casi inevitables, así como profundos", valoró.
Por último, señaló que "la investigación no aparece como compleja, de modo que es razonable exigir una rápida elevación a juicio y su realización", tras lo cual confirmó la prisión preventiva de Pereyra.
Pañuelos Amarillos
La denunciante es una de las fundadoras del grupo "Pañuelos Amarillos Rincón", creado a mediados de julio de este año y dedicado a acompañar a víctimas de abuso sexual. Desde este espacio promovieron las primeras denuncias contra el entrenador de triatlón Walter Sales Rubio, destapando una serie de abusos cometidos en su escuela durante dos décadas.
