De 2 a 7 años
La investigación se inició en marzo de 2017, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectara maniobras ilícitas.
La Justicia de Rosario condenó a los 16 integrantes de una organización que montaba empresas ficticias para comercializar facturas apócrifas, que permitían a los compradores evadir al fisco en un monto equivalente a unos US$ 20 millones, al reducir las bases imponibles para el cálculo de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
Tras acreditar el delito de asociación ilícita tributaria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario dispuso para los condenados penas de entre dos y siete años y seis meses de prisión, informó el Ministerio Público Fiscal.
La investigación se inició en marzo de 2017, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectara maniobras por las cuales los imputados constituían empresas ficticias o “pantalla”, a fin de comercializar facturas electrónicas “truchas”.
Al identificar las direcciones IP de las computadoras desde las cuales se realizaban estos comprobantes se individualizaron 18 empresas presuntamente apócrifas, las cuales emitieron comprobantes, entre enero de 2015 y diciembre de 2016 por $ 1.204 millones, lo que implicó un perjuicio para el fisco de más de $ 247 millones.
En su alegato, el fiscal general Federico Reynares Solari tuvo por probada la existencia de dos subgrupos de organizadores: el primero conformado por Marcelo Fabián Liporaci, Jorge Centeno, Elio Serafini y el restante por Ricardo Cayetano Astudillo, Adrián Marcelo Zeballos y la contadora María Cristina Ottaviano.
Debajo de ellos, explicó el fiscal, Atilio José Miotti, Néstor Rubén Tesorero, Fabián Guillermo Mele, Iván Enzo Dobboleta y Dario Raul Migliorelli oficiaban de revendedores, para lo cual ofertaban los comprobantes electrónicos a los usuarios interesados en utilizarlos para reducir la cantidad de impuestos a pagarle al fisco.
La organización contaba con la asistencia de Marcelo Miranda Cairo y su sobrino Marcos Matías Rete, quienes constituían las empresas apócrifas, para lo cual reclutaban a personas de bajos recursos, las inscribían en la AFIP y utilizaban sus datos y clave fiscal para crear las sociedades y emitir las facturas “truchas”.
También María Guillermina Scariglia, Matías Ezequiel Centeno, Nair Juana García y Hernán Racca colaboraban con la organización en tareas administrativas y en la confección de los comprobantes, precisó el fiscal, mientras Eduardo Furini tenía su propia “usina de facturas”.
