Para los que reciben pauta oficial
La organización sostiene que la iniciativa bajo análisis en el Concejo Deliberante “ implica un condicionamiento a los medios y periodistas al obligarlos a asistir a capacitaciones”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por el proyecto de ordenanza bajo análisis en el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mediante el que se pretende obligar a los medios que reciben pauta oficial a realizar capacitaciones vinculadas a la perspectiva de género y los derechos humanos.
“Desde su creación, FOPEA lucha contra la discriminación por cuestiones de género en los medios, ha realizado encuestas e informes sobre la realidad dentro de las empresas periodísticas y ha fomentado e impulsado capacitaciones con el propósito de potenciar una agenda con perspectiva de género entre los trabajadores de prensa”, manifestó en un comunicado.
“No obstante, advertimos que la redacción del proyecto en cuestión implica un condicionamiento a los medios y periodistas al obligarlos a asistir a capacitaciones para poder ser beneficiarios de la pauta publicitaria oficial”, aclaró la organización.
Y continuó: “FOPEA teme que se produzca una escalada de normativas restrictivas a nivel local, amparadas por la ley nacional aprobada en junio. Aunque no establece sanciones, la Ley 27635 otorga preferencia para recibir publicidad del Estado a medios que cumplan con una serie de requisitos: el artículo 8 fija que a quienes se le otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tendrán ‘preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional’. Este texto se aleja de los criterios objetivos que debe reunir todo reparto de la pauta publicitaria del Estado, según los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, y puede dar lugar a criterios de adjudicación subjetivos que desvirtúen el propósito de difusión de los actos de gobierno”.
FOPEA reclama a las autoridades locales que revean el texto antes de su aprobación y que convoquen a las organizaciones profesionales para mejorar la regulación de la pauta oficial, sin disposiciones que atenten contra la libertad de expresión.
