Desde la Cámara de Diputados
Consideran necesaria una política más férrea sobre el control de celulares. "Se ordenan delitos desde adentro de las cárceles" señaló Mayoraz. También marcaron el malestar del personal de la institución.
Dos proyectos de comunicación aprobados, sobre tablas, en la última sesión de la Cámara de Diputados, pusieron el foco en la situación del Servicio Penitenciario de la provincia e incluso del propio personal. Pero además, desde legisladores del Frente Progresista se apuntó a cuestionar lo que -entienden- es un abandono del área por parte de la administración de Omar Perotti mientras que otros legisladores remarcaron que la situación viene de arrastre y reclamaron una política de estado, un acuerdo político para superar las marcadas deficiencias.
Los proyectos aprobados fueron presentados por Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y por Mónica Peralta (Gen). El primero pide informes sobre las requisas efectuadas en los últimos tres años, discriminando por cada una de ellas la cantidad de celulares incautados y el destino de los mismos. En tanto, el texto ingresado por Peralta expresa la preocupación de la Cámara "ante la posible adopción de medidas de acción directa, que impliquen suspensión de tareas, por parte del personal del Servicio Penitenciario en defensa de sus derechos laborales".
Tras la aprobación, Mayoraz se detuvo en lo que revelan los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de que la mayoría de los delitos organizados hoy se organizan desde las cárceles con órdenes por teléfono o por mensajes de whatsapp. "Una fiscal dice que el ciento por ciento de las balaceras salen de las cárceles, que un detenido ordenó a un sicario amedrentar a un constructor porque demoraba la vivienda y que lo hiciera por ráfagas de balas; los aprietes a comerciantes se producen por órdenes desde la cárcel donde además se ordenan ajustes de cuentas, aprietes a testigos" repasó. Cuestionó la norma provincial sobre el control de cárceles y consideró que la respuesta al pedido de informes puede generar el debate sobre una ley para prohibir totalmente el uso de celulares en establecimientos penitenciarios e incluso disponer inhibidores para su uso. "Todos los días hay hechos de violencias originados en las cárceles y debemos actuar ante esto", dijo Mayoraz quien acotó que "hoy no se respeta ningún derecho, ni el de las personas privadas de libertad pero menos de vecinos que están viviendo la situación de inseguridad constante, permanente donde nadie puede decir estar a salvo de ser alcanzado por una bala".
Le siguieron exposiciones muy críticas a la gestión actual del Servicio Penitenciaria de parte de Joaquín Blanco (PS) y de Juan Cruz Cándido (UCR). Ambos cuestionaron la falta de inversión de los últimos meses tanto en infraestructura como en personal. "Es una bomba de tiempo. Han echado por borda todo plan de reinserción social y de políticas de largo plazo", expresó el jefe de la bancada socialista. "Lo que propone el modelo neoliberal de Perotti es lo que está explotando y generando este malestar creciente del Servicio Penitenciario", agregó. Cuestionó también la fragmentación de la política de seguridad donde el sistema policial depende del Ministerio de Seguridad pero el Servicio Penitenciario bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. "Si no hay programa Nueva Oportunidad, si no hay Plan Abre en los barrios, si no tenemos una política post penitenciaria, lo que hacemos en las cárceles es seguir construyendo y perfeccionando el sistema criminal que impera en los barrios de la provincia de Santa Fe. 'La paz y el orden' fue un slogan de campaña" remató.
Además de consideraciones políticas, Cándido fue a los datos especialmente en infraestructura y personal. Destacó que entre 1983 a 2007, las gestiones justicialistas agregaron 500 plazas al sistema penitenciario y en los doce años del Frente Progresista se sumaron 2.765 plazas que permitió sacar detenidos de comisarías. También mencionó que desde el inicio de la gestión de Perotti no se designó personal alguno en el sistema y no se compraron nuevos vehículos ni uniformes al personal. "Todo esto no es fruto de escasez de recursos, sino fruto de la decisión política", acotó.
Luego Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Oscar Martínez (Frente Renovador) no coincidieron en atribuir toda la responsabilidad a la actual gestión "viene de arrastre" y el primero pidió "mayor madurez política ante la sangre derramada en Santa Fe". Los dos pidieron trabajar en un acuerdo político para superar la situación. "Si la democracia fracasó en 38 años es porque siempre el Poder Ejecutivo pretendió hacer política de seguridad democrática en forma solitaria", dice Del Frade.
Martínez recordó la manda constitucional de tener cárceles sanas y limpias, admitió la situación de abandono y desamparo de muchos detenidos y pasó lista a las fugas producidas durante la gestión del Frente Progresista que totalizaron 29 detenidos escapados. No obstante el legislador admitió "no hay defensa de la gestión cuando se subejecutan cargos o no se cubren cargos".
