En la provincia
Pablo Rodríguez | redaccion@miradorprovincial.com
Ciancio explicó que el objetivo es que se universalice el conocimiento de estos derechos para fortalecer el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral dispuesto por la Ley 12976. Además, sostiene que se debe capacitar a quienes son agentes del Estado en la corresponsabilidad que tienen en relación a la garantía de ejercicios de los derechos.
La diputada recordó que esta ley lleva el nombre de Abigail por los hechos ocurridos en el 2014 en la ciudad de Rio gallegos, cuando el 20 de agosto médicos del Hospital Regional fueron alertados de que en una vivienda de calle Junín al 1000 se encontraba una pequeña sin signos vitales producto de una “caída” según informó su padre, Carlos Tortelo. Los especialistas acudieron al lugar y se encontraron con la escena de Abigail, de siete meses, que no respiraba, motivo por el cual la trasladaron de urgencia al Hospital y en el trayecto fue reanimada por los médicos a través de las tareas de RCP. Al día siguiente, en el nosocomio se determinó que la pequeña no se había caído, sino que habría sido brutalmente golpeada por sus padres.
“Hechos con estas características, pusieron en evidencia la ineficiencia del Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la falta conocimiento de los derechos de como sujetos de derecho, por parte de miembros del Estado. Por eso es vital que los funcionarios que integren los distintos poderes del Estado reciban capacitación en esta temática”, aseguró en primer lugar.
Para la presidenta de la Comisión de Salud en la cámara Baja, es crucial la “elaboración de hojas de ruta” para una efectiva articulación interinstitucional entre las áreas de corresponsabilidad que deben dar respuesta frente a “hechos de vulneración de derechos, evitando de esta manera la re victimización, así como demoras innecesarias”, sostuvo la legisladora.
Debe recordarse que Argentina asumió el compromiso internacional de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos de Niños Niñas y Adolescentes como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual dispone de jerarquía constitucional conforme artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. “Por eso entendemos, que, en tiempos de pandemia y de vigencia del aislamiento, la capacitación no debería ser relegada en el tiempo y deben buscarse formas alternativas de proporcionarla. La virtualidad es el camino en el momento tan difícil que atravesamos como sociedad”, destacó.
Finalmente, ponderó: “La dimensión y la gravedad de esta forma de violencia ejercida contra las infancias vuelven sumamente relevante el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas. La capacitación sistemática y obligatoria de los funcionarios, debe buscar como objetivo último el fortalecimiento del sistema, que a su vez favorezca el reconocimiento como sujetos de derecho y la protección integral de sus derechos como ordenador conceptual del sistema”.
