Por desobedecer el Código Procesal Penal
Ya le dijo que no la fiscal Haurigot (que trabaja con Schiappa Pietra y Edery) y lo mismo la fiscal regional Iribarren (que además le reprochó al legislador el tono de sus opiniones sobre el MPA en otro escrito). Ahora el senador pide que el fiscal general Jorge Baclini revise la desestimación a su denuncia.
El senador Armando Traferri decidió dirigirse al fiscal general Jorge Baclini para insistir con su denuncia por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que en diciembre de 2020 pidieron su desafuero a la Cámara alta para poder imputarlo.
Los cargos que el legislador les formula a sus acusadores no se originan en aquel episodio (resuelto con una contundente negativa del Senado) sino en la conducta posterior de ambos integrantes del MPA que, sin obedecer al Código Procesal Penal (CCP), no archivaron la causa contra el amparado por inmunidades parlamentarias sino que pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
Traferri no los acusa de desconocer la ley sino de violentarla y a sabiendas, con plena conciencia de su actuación, además de remarcar que cuando el MPA acudió al Senado para pedir su desafuero los fiscales se sometieron a la decisión de la Cámara.
En el sur
Traferri no ha logrado que su reclamo avance. El caso fue a manos de la fiscal Valeria Haurigot que trabaja con ambos fiscales y denegó su solicitud. Y lo mismo ocurrió luego con su insistencia ante la fiscal regional interina de Rosario, María Eugenia Iribarren, que además le reprochó el tono de sus opiniones tanto sobre la fiscal actuante como respecto del MPA en general. Ambas entendieron que se trata de un caso de "inexistencia de delito" y consideraron suficientes las explicaciones de los fiscales: que cerrarán el capítulo sobre Traferri en ese expediente la Justicia santafesina no les concede la inconstitucionalidad del artículo del CCP que cuestionan.
Obviamente, no están en juego las investigaciones de los fiscales sobre el resto del asunto, que ya tiene imputados y detenidos al ex fiscal regional Patricio Serjal que renunció ni bien estalló el escándalo de las coimas a empresarios del juego clandestino y a otro ex fiscal que fue removido por la Legislatura, Gustavo Ponce Asahad.
Tenés que leer
Para el jefe del bloque Juan Domingo Perón ahora es el turno de golpear la puerta de la máxima autoridad del órgano de la Acusación.
Es curioso que ese derrotero de Traferri y su abogado José Luis Vazquez haya tenido lugar sólo en los despachos del MPA del sur, donde se desempeñan los fiscales. Usualmente, a esas tareas (fiscal que investiga a fiscal) se les quita esa proximidad.
"Vapuleo procesal y mediático inmerecido"
"Desde que la Cámara de Senadores no autorizó, el pasado día 18 de diciembre de 2020 mi desafuero –dice Armando Traferri en su presentación al fiscal general Jorge Baclini- los señores fiscales denunciados en la presente investigación penal preparatoria, debieron cumplir con el imperativo legal que les ordena el artículo 29 del Código Procesal Penal de la Provincia: declarar que no se puede proceder y disponer el archivo de las actuaciones".
Ello, "sin cortapisas, ni rebuscados e inexistentes argumentos de diferimiento dolosamente ejecutado", según el legislador. Y agrega que "su consciente, deliberado y patente incumplimiento -que la señora fiscal regional intenta 'camuflar' como 'diferimiento' y no 'negación' del archivo de las actuaciones que ordena la norma, so pretexto de las resultas del trámite de declaración de inconstitucionalidad del artículo 27 del mismo cuerpo legal-, no solo genera crisis en tanto el incumplimiento de la ley es evidente (justificando en nuestra estimación técnica la denuncia formulada), sino que me expone –desde hace meses- a un 'vapuleo' procesal y mediático inmerecido e injusto".
Y luego afirma que "es tanta la debilidad argumental jurídica que ostenta el pedido de inconstitucionalidad del art. 27 del CPP que algunos asesores me han sugerido que solo responde a la necesidad que tienen los fiscales de mantener el 'tema Traferri' a nivel mediático. Y se usa, para conseguir que siempre los mismos medios de comunicación, mencionen esa cuestión y a continuación desarrollen toda la argumentación de los fiscales", interpreta el jefe de uno de los dos bloques del PJ en el Senado.
Un defensor designado, a pesar de su defendido
En la causa iniciada por inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, la justicia le ha designado a Traferri un defensor, a pesar de que el legislador no lo ha aceptado, ni pedido.
Luego de luego de perder en primera instancia los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matias Edery han apelado y lograron que en segunda instancia se convoque a una audiencia de partes. Pero como Traferri no se considera involucrado (de hecho ya lo "juzgó" el Senado) decidió –incluso como parte de su posición argumental- no concurrir a esa audiencia.
El asunto es interesante porque si Traferri no se siente afectado sí lo estarían los fueros de todos los legisladores. Y porque cuando así lo entendió la Cámara de Senadores al nombrar un abogado para presentarse como parte en esa causa se crearon –en parte- las condiciones para un roce de poderes entre el Senado y el MPA.
El defensor de Traferri, a pesar del gusto del legislador, cumpliría ahora el mismo rol del abogado que el Senado había mandado a presentarse, sin éxito, en primera instancia. ¿Se repetirá esa situación? ¿Intervendrá alguien más en representación del Estado y su actual orden jurídico? Guste o no, es la Constitución el soporte del cuestionado artículo del Código Procesal Penal que manda el archivo de la causa.
En el Senado, al momento de votarse la decisión de enviar un representante legal de la Cámara a tribunales, hubo un par de rechazos más que los cuatro votos a favor del desafuero de diciembre de 2020. Fue Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) advirtió que se cometía una "intromisión" en otro poder (antes del roce). Y ahora parece ocurrir lo mismo, pero al revés. Es la justicia la que pide una contraparte de la posición de los fiscales. ¿Un defensor designado puede cumplir ese rol?
La tensión entre fiscales y senadores ya lleva varios años pero en febrero fue votada una comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación de fiscales y defensores que Jorge Baclini instruyó no obedecer y finalmente no se conformó, tras un almuerzo entre el jefe de los fiscales unos pocos senadores del PJ-Nes y la UCR.
