Grave acusación
El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación tras una acusación que envuelve a la administración del Hospital San Roque de Villa Elisa (Departamento Colón), en medio de la segunda ola de contagios de Covid-19.
De acuerdo al modus operandi que se deja planteado en la denuncia, una persona se comunicaba telefónicamente con familiares de pacientes que permanecían internados o que habían estado ingresados en el nosocomio, faltos de oxígeno por complicaciones asociadas a cuadros del virus Sars-CoV-2.
En el transcurso de ese contacto telefónico, o siendo convocados de manera presencial a la administración del hospital, aparentemente les requería dinero -en concepto de “colaboración”- por el oxígeno proveído en el establecimiento sanitario, con sumas que oscilaban entre 5 y 13 mil pesos, tanto al contado como en cuotas. Tal pedido se habría llevado adelante en forma particular, sin solicitar constancia de afiliación de los pacientes a alguna obra social para gestionar un futuro reintegro.
La denuncia apunta directamente a la persona de la administradora, a quien imputan una serie de delitos en los que podría haber incurrido: “Violación de los deberes de funcionario público” (art. 248 CP); “Cohecho” (art. 256y 259 CP); “Malversación de caudales públicos” (art. 260 y 261 del CP); y/o “Exacciones ilegales” (art. 266 CP); y/o “Administración fraudulenta”.
La presentación fue impulsada por la hija de un paciente que tuvo coronavirus, la abogada Clarisa Marano Roude, quien dirigió notas y pedidos de acceso a la información pública sobre esta presunta práctica a los ministerios de Salud y Hacienda de Entre Ríos, cuyas contestaciones sirvieron de base para llevar el tema a la Justicia.
Pero Marano Roude no lo hizo sola: la médica actualmente encargada del hogar de ancianos del hospital (Analía Fernández) y la propia jefa de Enfermería del nosocomio (Sandra Giovenale), decidieron acompañar la denuncia con sus firmas.
