En la ciudad de Santa Fe
El caso de los tres niños de 2, 8 y 10 años, que vivían en extremas condiciones de vulnerabilidad en Avellaneda al 5800, generó conmoción y el pasado lunes personal policial de la seccional 5ta. intervino ante una denuncia y se acercó al lugar.
Según dieron a conocer los vecinos, los niños estaban comiendo alimentos en mal estado y al entablar conversación con los agentes, estos chicos manifestaron tener hambre. "Es una situación de la que nosotros nos anoticiamos hace ya dos meses y venimos trabajando con el servicio de la Municipalidad de Santa Fe porque había un entorno familiar con el que se trabajaba para ver la posibilidad de que los chicos permanezcan en este entorno", indicó Patricia Chialvo, secretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo afirmó: "Había una importante vulneración de los derechos".
La Secretaría de Niñez intervino ante este último episodio al constatar que se vulneraban los derechos de estos chicos. Chialvo admitió que los pormenores de la realidad en la que vivían los menores están bajo investigación judicial y hasta tanto no se aclaren, no puede comunicarlos.
"Hubo una denuncia de vulneración de derechos por alguien dentro de la familia, por lo que estuvimos trabajando para evitar institucionalizar a los chicos. Durante este tiempo la Municipalidad intervino y permanentemente nos dieron informes de cómo se venía abordando", comentó la secretaria y agregó que "más allá del hecho que se hizo público, se había concluido que no era posible que los chicos permanezcan en ese entorno familiar, por lo tanto nos derivaron, definitivamente, la situación a la Secretaría de Niñez para que tomemos una medida de protección excepcional y por ahora los chicos están al reguardo de la Secretaría de Niñez en un centro residencial".
La última medida, la institucionalización
La familia ya se presentó en la Secretaría y ahora trabajarán de manera conjunta para intentar encontrar una solución y así evitar que estos niños queden institucionalizados. "Se va a hacer un plan de acción para ver si la familia lo puede cumplir y así revertir la situación", indicó la funcionaria.
Que un niño sea separado de sus padres o del cuidado de algún familiar es la última opción que se encuentra. El desarraigo es una de las situaciones más complejas por las que debe atravesar una persona, es por esto que la institucionalización es la medida que se quiere evitar.
Al consultar a Chialvo si la situación de pobreza es un condimento determinante para la intervención ante la violación de los derechos de los niños, señaló: "No tomamos medidas de protección excepcional por pobreza. Porque una familia pobre no necesariamente está vulnerando los derechos de sus chicos, en muchos casos los quieren y se ocupan de ellos a pesar de los problemas económicos", y aclaró: "La vulneración de derechos refiere al maltrato físico o la negligencia, esas serían las causas y no la pobreza".
