Caso Electroclor
Con interesantes novedades se llevó a cabo este lunes una nueva audiencia por el caso de la Petroquímica Bermúdez en la que se intentó avanzar en la discusión sobre si se ratifica el cierre de la causa o si la investigación vuelve al punto de inicio.
Ignacio Pellizzón
Una nueva audiencia se celebró este lunes en los tribunales de San Lorenzo en el marco de la investigación que se lleva adelante por grave daño ambiental en Capitán Bermúdez, donde se acusa a la compañía Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor).
En este caso, la defensa de los empresarios de la firma Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, liderada por el abogado mediático Mariano Cúneo Libarona, expuso sus argumentos sobre por qué no debería dejarse sin efecto la resolución dictada anteriormente por el magistrado Juan José Tutau, que extinguía la acción penal contra los dueños de Petroquímica Bermúdez y que aún sigue vigente.
Se trató de una jornada muy extensa que duró alrededor de cuatro horas, en la que las explicaciones técnicas legales abundaron tanto por parte de la defensa como de la fiscalía, encabezada por Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
La discusión central en las audiencias, que tiene a cargo al juez Carlos Andrés Gazza, se basa en si se puede avanzar o no penalmente contra los dueños de la ex Electroclor por contaminación ambiental, ya que presuntamente no sanearon correctamente la compañía y habrían cometido un delito ambiental.
Tanto para Schiappa Pietra como para Edery, los dueños de la compañía tienen responsabilidad al tratarse de una causa de daño ambiental, que afecta al interés público y que no se la puede extinguir, haciendo una clara alusión a la resolución del juez Tutau que impide la imputación de los mencionados.
Por su parte, Cúneo Libarona defendió el fallo original del magistrado, que dio por finalizado el proceso penal. Y además remarcó en declaraciones a Rosario3.com que “en el terreno se está llevando a cabo una gran inversión con equipos profesionales” que están en “una etapa avanzada” del proceso de saneamiento ambiental.
El reconocido abogado consideró que “es insólito pensar que un solo fiscal pudo incidir en tantos fiscales y tantos abogados, y sobre el juez (Juan José) Tatau, que dictó el fallo” y agregó: “Nosotros pedimos que no se haga lugar a la imputación ni a las medidas cautelares pedidas por los fiscales porque la causa terminó y el juez nos dio la razón”. Y agregó que “ahora los fiscales van a pedir la nulidad de la causa y vamos a ver si la pueden lograr con tantos funcionarios que firmaron”.
Cúneo Libarona precisó que “la nulidad de la causa es que el fallo que declaró la extinción de la acción penal no sea considerado válido. O sea empezar a investigar de nuevo”.
Nombres de peso
Tras haberse expresado ambas partes, fiscales como defensa, se avanzará a una nueva audiencia que ya no se celebraría en los tribunales de San Lorenzo, sino que se llevaría a cabo en los de Rosario por una cuestión de espacio y comodidad, según deslizaron a Mirador Provincial.
Sin embargo, lo que más les llamó la atención a los fiscales Edery y Schiappa Pietra es que la mayoría de los testigos de renombre propuestos fueron presentados por la defensa, algo que no les cuadra porque son personalidades que creen que declararán en contra de los empresarios.
Entre algunos de los nombres de relevancia, a los que pudo acceder Mirador Provincial, que declararán como testigos en la nueva audiencia –que aun no tiene fecha-, se destacan: Andrea Tripelli (asesora legal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe); Juan José Tutau (juez); Jorge Baclini (fiscal general de Santa Fe); Juan Carlos Ledesma (ex jefe de fiscales de San Lorenzo); César Mackler (ex secretario de Medio Ambiente de la Provincia); Verónica Caíni (fiscal de delitos ambientales del Ministerio Público de la Acusación); Andrés Rintoul (director general de zona sur del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe); Adriana Saccone (fiscal federal).
El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.
Capitán Bermúdez venía siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, habrían estado esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe provincial, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales; y una exposición mayor produce la muerte.
Cabe señalar que la empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el ahora Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y cuyas tareas ya iniciaron.
