Al Congreso
El Delta del Paraná padece la crisis de bajante del río a menos de un metro y las quemas de pastizales que retornaron con el otoño, sumado a que el Congreso Nacional no tiene en vistas debatir la Ley de Humedales. Ante este panorama, los ambientalistas de la Multisectorial Humedales Rosario reclamaron un urgente tratamiento del proyecto de ley que busca incorporar un “capítulo penal ambiental” al Código Penal nacional, para que las quemas sean penadas de forma más severa.
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El referente de la Multisectorial desde la ONG Mundo Aparte Ivo Peruggino precisó que esta semana “las quemas volvieron con todo: teníamos focos aislados y los de ayer fueron muchos, no solo frente a Rosario sino a otras localidades. El fuego volvió y no hay faros de conservación, no hay prevención, restauración del daño, no hay imputados. Parece ser que los fiscales y jueces no ven. Pero al menos el movimiento socioambiental está más unido y multitudinario”.
Peruggino recordó en diálogo con Mirador Provincial que los faros de conservación fueron anunciados por el ministro de Ambiente nacional Juan Cabandié “que iba a instalar veintipico, después siete, pero finalmente solo se instalaron un par, el primero en Puerto Gaboto”.
Sus palabras son certeras, ya que aquel primero fue el anunciado por el propio Cabandié junto a Omar Perotti en agosto del año pasado, donde también arribaron guardaparques nacionales. Y en el propio discurso del gobernador en la apertura de sesiones del Congreso provincial, mencionó el “trabajo en conjunto con el Gobierno nacional para la instalación de los faros de conservación. Desde Santa Fe propusimos cuatro puntos de instalación e impulsamos el primero de ellos en el Parque Nacional Islas de Santa Fe”.
El propio Peruggino reconoció en torno a los delitos ambientales: “Sabemos que un fuerte sector hará lobby para que no salga porque no les conviene, pero también sabemos que el movimiento socioambiental está más multitudinario y altamente territorializado, en reclamo a los legisladores que estén a la altura de la circunstancias aprobando este proyecto”.
En torno al lobby justamente, el ambientalista de Mundo Aparte recordó que “en la apertura de sesiones del presidente Fernández no lo mencionó como tema prioritario después de todas las quemas del año pasado, y eso nos parece coherente si se mira el modelo de producción que están llevando adelante. No nos llama la atención. Sí consideramos que está mal y debería haber hecho hincapié, pero si nos fijamos está constantemente alentando el agronegocio, la megaminería, el monocultivo, la sobrepesca, entonces no es casual que no haya hablado de los incendios que afectaron el Paraná en el 2020”.
De esta manera, precisó que desde la MH no observan intención de preservar el ecosistema: “Tampoco olvidamos que a pesar de todas las metas ‘verdes’ que tal vez en algún discurso habló como en la cumbre de líderes por el cambio climático, la verdad que de la quema del año pasado en las islas nadie se hizo cargo, ni lo pudo apagar, ni encontrar a los responsables. Los incendios tuvieron repercusión en la salud de la sociedad sumado a la pandemia, trajeron un colapso sanitario por consultas respiratorias en ese momento”.
El delito ambiental se debate
El ambientalista recordó que el actual Código Penal vigente es el mismo de hace 100 años con algunas modificaciones, y que “no regula de forma autónoma el bien jurídico ambiente, y es importantísimo que se haga para que las penas dejen de ser una multa económica que son fácilmente incorporadas a sus esquemas de negocios, y podamos contar con una justicia real sobre esto”.
Hay varios proyectos elevados en ambas cámaras, que se encuentran en tratamiento en las comisiones de Agricultura, según apuntó Peruggino, para después por supuesto pasar a votación y a debate. En torno a los proyectos aclaró: “No se trata de proyectos que hayamos presentado, pero sí que apoyamos plenamente, uno de ellos es recuperado del proyecto presentado por Pino Solanas en su momento”.
En el comunicado difundido desde la Multisectorial ironizaron que en Argentina se puede “ir preso por robar un chicle, pero no por envenenar un río, cazar animales en estado crítico de conservación o incendiar ilegalmente bosques y humedales”. Allí destacan “la necesidad imperiosa de incluir un capítulo ambiental al Código Penal argentino, donde no regula de forma autónoma el bien jurídico ‘ambiente’. Incendios intencionales, deforestación, caza y tráfico de fauna, pesca ilegal y relleno de humedales son algunos de los crímenes que hoy no están tipificados de forma directa ni contemplan condenas de prisión efectiva”. Dicho en otras palabras, aseguran que “en Argentina no existen delitos ambientales, que dañan severamente la naturaleza a corto, mediano y largo plazo”.
Recordaron en torno a los incendios que se generan en las islas entrerrianas frente a Rosario, que son originados “con fines agroganaderos, difícilmente quienes los generan sean alguna vez identificados, y en ese caso, la multa resulta insignificante en relación a la ganancia que les genera la actividad”.
Consideraron que los delitos ambientales generalmente son de ejecución continuada y con efectos retardados por acumulación, el daño causado no se manifiesta inmediatamente, y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar su tratamiento.
