Crisis de la agroexportadora
Juan Chiummiento | redaccion@miradorprovincial.com
El juez Fabián Lorenzini rechazó un planteo de los abogados de Vicentin, quienes habían solicitado que se detenga la carga de correos electrónicos a un espacio virtual creado ad hoc, en el marco de la investigación que desarrollan los auditores forenses del concurso. El magistrado le bajó el pulgar a la solicitud “por extemporánea e infundada”, por lo que dio luz verde para que continúe el proceso en el que se pretende encontrar información que permita explicar la crisis de la agroexportadora.
En una escueta resolución, el magistrado recordó que la autorización para hurgar en los mails de accionistas y directores ya fue otorgada en un decreto de octubre de 2020, por lo tanto la carga virtual “se enmarca dentro de un proceso mayor y detallado oportunamente”. La defensa había intentado detenerla argumentando que la pesquisa podría violar el secreto industrial o tratarse de información privilegiada, incluso perteneciente a terceros ajenos al concurso. Frente a ello, Lorenzini dijo que el secreto se encuentra resguardado, ya que los auditores asumen la responsabilidad por cualquier uso indebido. “Se remarcó que, se deberá tener especial cuidado con el uso de la información de personas humanas, en su vinculación intersubjetiva ajena a la actividad empresarial”, acotó.
En total son 255.660 los documentos electrónicos que procesarán los investigadores, que forman parte del expediente tras un pedido de los principales acreedores ejecutado a mediados del año pasado, en el que dijeron cansarse de las explicaciones “genéricas y vagas” de la empresa. En su momento Lorenzini dio el visto bueno a la iniciativa, lo que motivó el encono de Vicentin, que consideró que sus decisiones convertían a la causa en “una aventura inquisitoria”, más propia de la quiebra.
Amén del cruce de acusaciones, lo cierto es que a la fecha los auditores vienen corriendo el velo sobre algunas maniobras de la agroexportadora, que no habían sido puestas de manifiesto por la sindicatura. En un informe presentado en febrero, sostuvieron que la firma venía ocultando sus verdaderos números desde 2017: “El pasivo expuesto en los cierres de octubre de 2017 y 2018 no estaría incluyendo la deuda por la compra-venta de granos con precio a fijar (…). Aún no tenemos certeza si esas deudas con los proveedores granarios fueron efectivamente registradas, y en todo caso, en qué rubros (…). Lo que sí parece evidente, al menos con la información parcial recibida hasta el momento, es que no se encontraba expuesta en el pasivo”, plantearon.
La posición de los investigadores se contrapone a la de los síndicos, que en su informe general argumentaron que el “estrés financiero” de finales de 2019 se debió pura y exclusivamente a factores externos. Los acreedores fustigaron esa postura, al término de acusar a los funcionarios judiciales de hacer copy-paste de los argumentos sostenidos por los accionistas.
Dado el gran volumen de trabajo, los auditores plantearon un sistema de filtros por palabras clave que les permitirá reducir las horas hombre destinadas a tal fin. “En promedio, un analista procesa 1.000 documentos en un día de trabajo. Más allá de las combinaciones de palabras y filtros que se apliquen, podemos anticipar que la cantidad de documentos a revisar será, probablemente, de gran volumen”, sostuvieron.
Sospechas
¿Qué tipo de información buscan los investigadores? Un rápido repaso del último texto presentado en la causa brinda algunas pistas. Allí habían abierto nuevas sospechas sobre el accionar de la agroexportadora: transacciones poco claras, aparentemente ajenas al objeto social y con potencial perjuicio a los acreedores.
Por ejemplo, analizaron el entramado societario del grupo (incluyendo sociedades uruguayas que la empresa asegura como independientes de Vicentin Saic). “La concursada habría tomado un criterio restrictivo en la identificación en los estados contables de partes relacionadas, lo que podría apartarse de la Norma Internacional de Contabilidad”, dijeron primero, para páginas después advertir que el análisis preliminar “arrojó resultados (…) de alto riesgo de Lavado de Activos”.
También formularon una hipótesis sobre las “compensaciones” que la sociedad concursada pagó a las otras empresas del grupo por actuar como intermediarias. ¿Qué sucedía en términos generales? Las firmas satélite refacturaban a Vicentin Uruguay lo mismo que le compraban a Vicentin SAIC, generando un saldo por esa intermediación. “No hemos obtenido información que nos permita analizar si este monto obedece a un precio razonable de mercado”, plantearon los auditores.
Sin inversores a la vista
En paralelo a la resolución dictada por Lorenzini, se conoció que una de las estrategias propuestas por Vicentin para salir de su crisis no llegó a buen puerto. Se trata del contrato suscripto con el Maxim Group de Nueva York, anunciado por la compañía en octubre de 2020 con el objetivo de seleccionar eventuales inversores “que coadyuven a solucionar la situación”. A través del interventor Andrés Shocron, Lorenzini tomó nota que las gestiones ante el banco estadounidense “se encuentran concluidas y sin propuestas aceptables por los accionistas de la empresa”.
