Desde el Senado
El senador provincial Lisandro Enrico presentó ante el Gobierno de Santa Fe una iniciativa que busca establecer una política estatal progresiva y permanente para que los presos realicen actividades de formación laboral. Para ello, pide que se creen espacios fiscos adecuados, tomando la asistencia y cumplimiento como indicador de la buena conducta carcelaria.
Pablo Rodríguez
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En la actualidad la población carcelaria santafesina oscila en alrededor de los 6.900 presos en las diferentes unidades penitenciarias concentrándose cerca del 70 % en las unidades de Coronda y Piñero. De esa población carcelaria se estima que menos del 10 % accede a talleres de oficios.
“La mayor parte de los internos pasa gran parte del tiempo en los pabellones con poca actividad formativa, en la medida que sea mayor el número de presos que realice actividades de formación empieza a ser posible algún camino de resocialización, pero para ello es importante una inversión en una adecuada infraestructura carcelaria”, sostuvo el senador Lisandro Enrico.
La necesidad de inversión en espacios carcelarios golpea la puerta
Uno de los capítulos del proyecto establece un progresivo y planificado proceso de inversión provincial en infraestructura adecuada para la creación de talleres laborales y espacios de formación laboral. En este sentido el legislador autor de la norma manifestó: “En los últimos años la prioridad de la inversión en infraestructura carcelaria estuvo dirigida a ampliar los lugares de aprisionamiento priorizando más cantidad de lugares para sacar presos de las comisarías; ahora corresponde invertir en espacios como talleres y equipos para permitir que en cada penal de la provincia existan dispositivos de formación laboral”.
Actualmente en la provincia de Santa Fe existen 11 unidades penitenciarias, sin contar con las alcaidías departamentales que están fuera de la órbita del Servicio Penitenciario. En la Unidad 1 de Coronda es donde mejor se plasmó, en su creación hace varias décadas, la idea de una cárcel con fuerte presencia de talleres para el trabajo y la formación laboral.
El Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) es la entidad que coordina la producción de muchos elementos y herramientas producidas por presos tales como, mesas, bancos, sillas, muebles, baldosas pero tiene poco desarrollo en el resto de las unidades carcelarias. Es por ello que el proyecto establece la inversión progresiva en estos espacios.
La formación laboral como condición
En este sentido el senador Lisandro Enrico precisó: “Uno de los aspectos importantes de la legislación es que la formación laboral deja de ser solo un derecho de los presos para convertirse en un deber. Es decir que los internos que no desarrollen la formación laboral tendrán un concepto desfavorable que incide en su legajo personal lo que no le permitirte acceder a beneficios como la libertad condicional o las de tipo recreativas o de contactos con visitas”.
A su vez, la iniciativa legal contempla la obligación de los internos de realizar tareas de mantenimiento de los espacios carcelarios para establecer estándares de conducta y convivencia. Es decir que el mantenimiento de los espacios carcelarios, su limpieza y acondicionamiento sea efectuado por los internos.
Asimismo, recepciona la importancia de la presencia y acompañamiento espiritual esencialmente con pastores o sacerdotes que llevan adelante una tarea de contención y pacificación vital en los espacios carcelarios y los suma a esta iniciativa legal para hacerlos parte de una política sostenida en el tiempo que no solo abarque los aspectos de la formación laboral sino de la contención espiritual. “Además de la inversión que hay que hacer paulatinamente en todos los establecimientos carcelarios para crear los espacios de trabajo o formación laboral es importante crear nuevos rubros de formación laboral más cercanos a la tecnología actual y no solo los oficios tradicionales que se dan en algunas unidades”, amplió Enrico.
El proyecto deja abierta la posibilidad de llevar adelante una experiencia poco difundida en nuestro país que consiste en permitir que empresas o fábricas puedan celebrar convenios a los fines de que internos de las cárceles puedan trabajar en procesos productivos.
