viernes, abril 17 2026

El juego ilegal nunca fue clandestino. La robusta rama rafaelina de una investigación que comenzó en Rosario. Casas de apuestas libres de impuestos con fachadas de comercios de cartón piedra y habilitaciones municipales.

Se parecen las palabras azar y azahar. La primera recuerda los juegos en los que la suerte hace lo suyo, la segunda el perfume de las flores blancas de los citrus.

 

Azahar y azar tienen una raíz común que viene del árabe y han pasado al castellano.

 

De ambas se habla por estos días, y también de ese apellido, pero con otros términos, alrededor de la ciudad de Rafaela, entre los dirigentes políticos de toda la provincia, en especial de la oposición.

 

En realidad, más que de los azahares se comenta lo mal que huelen las vinculaciones entre el Estado y lo ilegal. También de lo poco que interviene el destino cuando alguien hace una apuesta. Ya se sabe, siempre gana la banca, y mucho más si ésta no paga impuestos por ilegal.

 

Hay pocas declaraciones públicas y mucho intercambio de recortes de diarios y de escritos judiciales por privado. Pocos tuits firmados y mucho whatsapp interpersonal.

 

Las últimas novedades en la causa del juego ilegal han llegado a las puertas de la Municipalidad de Rafaela. Un funcionario se ha adelantado a los fiscales de esa jurisdicción y ofreció su teléfono celular y su disposición a colaborar con la justicia cuando supo que era investigado. Una concejala del oficialismo tiene motivos para estar preocupada, desde el año pasado. En la semana que termina, se murió un empresario allanado en esa causa. Todo indica que fue un suicidio.

 

En agosto de 2020 hubo 37 allanamientos en el departamento Castellanos, ahora fueron 25. Se habla de una decena de locales para el juego ilegal.

 

Hay interés en saber qué ha dicho o qué alcanzó a decir, en su momento, al Ministerio Público de la Acusación, David Alejandro Perona, quien murió por Covid en noviembre del año pasado.

 

Con bastantes menos repercusiones en la prensa que recolección de pruebas, hoy avanza la rama rafaelina de una investigación que tiene como nombre clave al de Leonardo Peiti, detenido recientemente, y a las declaraciones judiciales de Perona. Se trata de dos causas que aún no han sido unificadas. (1)

 

Por estos días, un grupo de policías y ex miembros de esa fuerza no han podido recuperar su libertad y contra ellos siguen las investigaciones. Además de lo aportado por Perona, existen más datos que los comprometen, según un fallo de un juez de segunda instancia otrora funcionario de un gobierno anterior. (2)

 

Uno de los abogados defensores de los uniformados detenidos sostuvo, antes de su fallecimiento, que la causa debería caratularse "San Perona", porque –en su interpretación- a su defendido lo acusan solo las palabras, en calidad de arrepentido, de quien se hacía llamar "El Rey del Juego".

 

Otro abogado, también en los estrados judiciales fue más allá.

 

"Afirmó que 'el intendente de Rafaela debería estar preso, ya que Perona lo nombra y dice que sabía todo' " (3).

 

Chicanas y silencios

 

Se dice que Rafaela es un hervidero de tensiones políticas y que de estas cuestiones solo se habla en esa ciudad. Es difícil creerlo: el juego ilegal nunca fue clandestino. Aquello que hoy se busca juzgar ha estado a la vista durante décadas. Y en el caso rafaelino, incluso con habilitaciones municipales para realizar otras actividades que no eran más que un decorado de cartón piedra. De una forma u otra, las casas de juego se han tolerado porque la sociedad las acepta. Es una conducta aprendida la dispensa por supuesta distracción, el conveniente disimulo. Los grafitteros que escribieron "Casinos Perona" en varias paredes rafaelinas lo sabían bien.

 

No son más que chicanas de experimentados abogados, se podrá decir. Pero lo cierto es que también se recuerda que bastaron unos elementos probatorios de una relevancia similar (y hasta menor) para que apareciera el caso Traferri que marcó 2020 y que se acaba de cerrar.

 

Perfiles

 

La ciudad de Rafaela y el prestigio de sus empresas exitosas en el mercado interno y fuera del país, de sus logros económicos y sociales preceden a las personalidades públicas, a los dirigentes políticos o a los deportistas que allí se formaron. Enumerarlos aquí sería injusto pero sin dudas en esa hipotética lista hay quienes tienen responsabilidades mayores, menores o ninguna. Cada uno lo sabe.

 

Los porteños medios nacionales pocas veces aclaran que Rafaela está en la provincia de Santa Fe, no hace falta dar la ubicación dentro de ese amplio espacio al que denominan "las provincias".

 

Es decepcionante que la cabecera del pujante departamento Castellanos no sea –en este aspecto- diferente de la mayor parte del mapa de la bota. Tiempo atrás, se suponía que al permitirse el juego legal, en casinos habilitados, se provocaría la decadencia de las apuestas ilegales. Ahora está claro que sus circuitos son diferentes y hay indicios de que la masa de dinero que se mueve en lo ilegal, sin ser declarada, financia el crecimiento de otras actividades también delictivas, pero de mucho mayor peligro, como el narcotráfico.

 

Referencias

 

(1) En diciembre de 2020 el fiscal Martín Castellano fue apartado de la investigación sobre Perona. Lo habían solicitado formalmente los senadores del NES en agosto y en noviembre el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain se había quejado públicamente de su desempeño. La investigación quedó en manos de los fiscales Guillermo Loyola y Carlos Vottero.

 

En agosto, Castellano había pedido la detención del ex coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela durante el gobierno del Frente Progresista, el abogado Agustín Andereggen, por presuntas amenazas por deudas de juego a un kinesiólogo.

 

(2) El juez penal de segunda instancia de la Quinta Circunscripción Judicial, Matías Drivet, fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Antonio Bonfatti.

 

(3) El entrecomillado corresponde al fallo que negó la excarcelación de policías investigados por sus vínculos con el juego ilegal en Rafaela, dispuesto por el juez Drivet. Cita textualmente los dichos del abogado Joaquín Fraga, defensor de José Jorge Alberto Pérez.

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