Solicitud a nivel nacional
En pleno auge del debate por los beneficios que traería la industria del cannabis en la Argentina, ONGs cannábicas de todo el país impulsaron una acción colectiva para hacer visible la necesidad de avanzar en la implementación del ReProCann sin más demoras.
GUILLERMINA FERRARIS
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Pasaron cuatro meses desde que el gobierno nacional hizo público el decreto reglamentario que habilita una nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal sancionada en 2017. Entre varias modificaciones clave, se garantizó el derecho al cultivo personal, solidario y colectivo de cannabis terapéutico. El decreto reglamentario 883/2020 dejaba en claro que para acceder a ese derecho las personas deberían inscribirse en un Registro Nacional, en concreto en el Registro del Programa de Cannabis (ReProCann).
Hubo algunas reuniones a poco tiempo de anunciada la nueva reglamentación, trabajo al que se sumó una serie de organizaciones sociales dentro de un Consejo Consultivo Honorario (CCH). Desde allí se comenzaron a hacer aportes para efectivizar la ley. De hecho,según informó la Revista THC, las organizaciones civiles que participaron del CCH hicieron un balance positivo del proceso que tuvo como resultado la nueva reglamentación.
Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación aún no ha puesto en marcha esa herramienta. En consecuencia, miles de personas para quienes se previó una protección legal, se encuentran expuestas a allanamientos y causas penales ya que Ley de Drogas (23.737) aún sigue vigente e incluso existiendo un Registro, seguirá pesando sobre quienes cultivan cannabis y no son usuarios medicinales.
Debido a que la implementación todavía sigue sin ser un hecho concreto, un numeroso grupo de ONGs cannábicas impulsó una solicitada que será entregada durante los primeros días de marzo al Ministerio de Salud de la Nación. “Hasta el día de hoy, la implementación de dicho registro (ReProCann) continúa siendo postergada, junto con la urgencia y el malestar de miles de personas usuarias y cultivadoras que conviven con el miedo a ser detenidas o allanadas. Recordemos que la Ley de Estupefacientes 23.737 continúa vigente y sin un registro estatal que nos autorice a cultivar, las fuerzas de seguridad siguen persiguiendo y criminalizando”, publicó la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannabicxs en su cuenta de Instagram.
Desde APAC extendieron su preocupación “ante el grado de abandono y desidia, ya que los únicos avances en los que sí estuvieron puestos los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional están relacionados a disposiciones y resoluciones para habilitar cultivos de cannabis a gran escala e incluso se están gestando varios proyectos de ley para impulsar la producción industrial de la planta”, completaron. “Los derechos humanos, como el acceso garantizado y seguro a la salud integral, son una prioridad y una urgencia, no el mercado”, finalizaron.
