Violencia institucional
El joven de 16 años, se encontraba desaparecido desde el 21 de noviembre pasado hasta que fue trasladado al nosocomio por miembros de la policía el 30 de diciembre. El jueves 21 de enero, tras más de 20 días internado bajo custodia estatal en condiciones que aún deben investigarse, fue declarado con muerte cerebral según informaron sus familiares.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denunció además que una vez dentro del efector de salud, Ángel permaneció por momentos sedado y amarrado a la cama de pies y manos. Su fallecimiento derivó en una investigación penal sobre las causas del deceso, estableciéndose como “muerte dudosa”.
“La gravedad del hecho nos obliga a solicitar a las autoridades correspondientes que nos informen sobre el accionar de quienes debieron darle protección y contención al joven”, señaló la diputada Silvia Ciancio. Para la legisladora, visibilizar la violencia institucional y la ausencia de dispositivos de salud mental que contengan a personas en crisis subjetivas es “fundamental para construir un sistema de garantía de derechos”.
“Independientemente del curso de la investigación penal, es necesario saber cómo actuaron las autoridades de salud mental y de Desarrollo Social, responsables de dar contención y tratamiento al joven conforme a su problemática”, remarcó Ciancio.
Investigación
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario, exigió -por el fallecimiento en custodia estatal del joven-, al Ministerio Público de la Acusación de esa ciudad una investigación “objetiva, exhaustiva, pronta e imparcial”, utilizando el protocolo de Minnesota.
“El adolescente fue atado de pies y manos, permaneciendo en esa situación durante el lapso de 5 días. Indefectiblemente, este accionar estatal -que debería ser de contención a adolescentes con problemática social-, empeoró y puso en peligro la vida de Ángel: el viernes 15 de enero, el adolescente tuvo un paro cardíaco, que lo dejó en un coma profundo”, contaron a través de las redes sociales.
“APDH ROSARIO advirtió que este desenlace podía acaecer por medio de una denuncia presentada el 20 de enero ante el Ministerio Público de la Acusación. Ante la gravedad de la situación -con procedimientos irregulares que pudieran configurar el delito tipificado de torturas- esta denuncia, además será elevada al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CNPT)”, ampliaron.
