Fuerte rechazo de empresas Tics a la intervención estatal
Plan universal obligatorio
La decisión del gobierno de fijar montos a facturar y prestaciones de telefonía, internet y televisión por cable, generó malestar en las compañías que brindan ese servicio en el país. Denuncian que están en riesgo de subsistencia porque "destruye la ecuación económica. Y advierten que "pone en riesgo la calidad de los servicios".
La Cámara Argentina de Internet advirtió que 1.200 pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a la red están en "riesgo de subsistencia", por la decisión del Gobierno de impulsar un sistema con planes de acceso de entre $ 150 y $ 700 por mes.
En un comunicado difundido tras el anuncio oficial, la entidad aseguró que "un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores, pone en riesgo la subsistencia de muchas pymes y cooperativas" del rubro.
Sostuvo que el nuevo programa obliga a las empresas a "vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares (equipamiento, redes y conectividad mayorista)".
"Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores", alertó la entidad.
Explicó que "con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando".
"Las pymes y cooperativas no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, no tienen posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida", recordaron.
Sin embargo, la cámara reconoció como un "paso en la dirección correcta" a la "regulación asimétrica" que estableció el Enacom, al sostener que "es un buen primer paso para tener una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, pymes y cooperativas, diferenciado del de los grandes operadores".
Aumentos del 5 al 8 %
El Gobierno autorizó un aumento del 5% en los servicios de telefonía móvil y básica, servicios de internet y TV por cable, que regirá a partir de enero próximo.
La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que "las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero".
Estos incrementos están plasmados en la resolución 1466 del Enacom
"A partir del 1 de enero de 2021 se aplicará un aumento del 5% en los precios para todos los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)", indicó un comunicado del ente Enacom.
Si bien se puso el acento en el lanzamiento de una Prestación Básica Universal para que unas 10 millones de personas accedan a tarifas más bajas, el Gobierno finalmente accedió a que las compañías TIC apliquen el ajuste desde enero.
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A través del DNU 690/20, se había suspendido este año, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, cualquier incremento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, siendo el último aplicado en marzo de este año.
Esto incluyó a los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico, y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, a los de Internet y a los servicios de televisión satelital por suscripción.
El Enacom aprobó la reglamentación del DNU 690/20, que determinó el carácter de "servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de esos servicios".
Rechazo de Telecom
Mediante un comunicado de prensa, la empresa Telecom manifestó que "el DNU N°690/20 cambió drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público 'en competencia', congelando sus precios, algo que no existe en ninguna parte del mundo. El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia".
"Ahora con su reglamentación que determina un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, telefonía celular, TV por suscripción e internet, está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles", dice más adelante.
Según Telecom, "La telefonía móvil prepaga (60% de las líneas) y la telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2019. Para el resto de los servicios el último aumento fue en marzo del 2020 y la inflación a diciembre fue del 30%. Los planes de conectividad inclusiva de Telecom alcanzan a 600.000 clientes y más de 700.000 clientes mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete (7) facturas impagas. Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena".
"Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora", expresa.
"El sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país", describe el comunicado.
"Eso fue posible gracias a la inversión privada, con fondos propios de la empresa y con financiamiento internacional, basado en la performance y la confianza demostrada por Telecom Argentina desde 2016 a la fecha".
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Y finaliza: "Esta industria no pudo contar con el Estado como su socio estratégico, para generar consensos que aseguren su desarrollo estratégico, garantizando y expandiendo sus prestaciones en condiciones de mercado, como lo fue hasta el dictado del DNU 690/20. Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas".
