Reflexiones y apuntes sobre una justicia feminista y anti punitivista
Ni una menos
En un contexto en el que se produce un femicidio cada 32 horas, MIRADOR ENTRE RÍOS analiza las falencias del sistema judicial y el poder estatal a la hora de abordar los casos de violencia de género, de la mano de la abogada Emma Clementi, integrante de la Asociación Civil de Abogadas Feministas Argentinas, Abofem.
Guillermina Ferraris
redaccion-er@miradorprovincial.com
Hay una pregunta que actualmente aqueja a muchas feministas y pone en jaque cualquier idea cerrada sobre cómo debiera proceder la justicia en los casos de violencia de género: ¿Cómo se abordan las violencias de género desde una perspectiva no punitivista? Una cuestión que invita a imaginar colectivamente nuevas y alternativas formas heterogéneas de abordar este tipo de situaciones tan complejas.
Según el registro del Observatorio de violencias de género MuMaLa, este año se cometieron 290 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 241 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios, dejando un saldo de una mujer asesinada cada 32 horas. Asimismo, 49 muertes violentas de mujeres se encuentran en proceso de investigación, esperando autopsias y peritajes. Un dato importante es que el 20% de esa cifra de mujeres víctimas de violencia de género había denunciado a su agresor anteriormente, mientras que el 10% tenía restricción de contacto o perimetral, y solo el 1% contaba con un botón antipánico.
Lo que estas cifras dejan de manifiesto es que las medidas decretadas por la Justicia son insuficientes o son incumplidas. Para analizar cuáles son las principales fallas del sistema judicial argentino e imaginar nuevas experiencias de intervención no punitivista en materia de violencia de género, dialogamos con la abogada Emma Clementi, quien representa la filial de Abofem en Entre Ríos.
Diferencias
–¿Cuáles son las principales fallas de la Justicia?
–En principio, Justicia no es igual a Poder Judicial. Es un término bastante amplio y la función del Estado en su conjunto es garantizarla, más allá del órgano que intervenga. Independientemente, creo que ninguna respuesta que se ensaye en este sentido puede desatender las experiencias de las personas que deben transitar un procedimiento judicial.
Sí entendemos que la violencia de género es un problema estructural, que es policausal, que se entrecruza con otras vulneraciones, también tenemos que entender que el rol que pueda tomar la intervención judicial será siempre acotado, incluso la intervención más acertada.
En ese sentido creo que no hay un catálogo cerrado de fallas, sino un entramado más complejo. Para empezar, creo que se comete el error de pensar que la perspectiva de género atañe solamente a las causas donde hay violencia y en particular, violencia hacia las mujeres o familiar. La perspectiva de género es entender que hay asimetrías de poder que nos ubican en roles socialmente asignados, que hay mandatos (de feminidad y de masculinidad) que privilegian a unos y posterga a otros. No es “cosa de mujeres”, sin embargo, se sigue limitando mayormente al fuero familiar, cuando en realidad todo juez o jueza, todo equipo técnico, todo operador y operadora debería estar formándose en perspectiva de género, que no es ni otra cosa que perspectiva de derechos humanos, y que el Estado argentino asumió como obligación.
Por otro lado, hay un sesgo de clase que también impregna las resoluciones judiciales. A las resistencias a tener perspectiva de género se le suma la aporofobia o los prejuicios de clase que se ven en muchas decisiones que se traducen en una revictimización innecesaria, en la infantilización de las personas que recurren al dispositivo judicial, a cierto paternalismo que les enseña a vivir desde una relación totalmente desigual de poder, perdiendo de vista que a veces las personas toman las decisiones que pueden en el contexto que tienen.
Creo que de alguna manera se naturaliza la violencia y la respuesta a esto se termina “automatizando”, se pierde el poder empatizar o al menos considerar la vivencia subjetiva de la persona que debe recurrir al Poder Judicial, algo que también es producto de la enorme demanda que existe.
Derechos
–¿Por qué es importante que abandonemos el feminismo punitivista como herramienta de lucha?
–El punitivismo ha tenido cabida en cierto sector del feminismo frente al miedo a la impunidad, frente al alto índice de mujeres asesinadas en contextos de violencia de género, la enorme cantidad de sobrevivientes de delitos sexuales que no han podido denunciar, o que habiéndolo hecho, han tenido que atravesar un calvario para buscar cierta reparación, entre otros ejemplos. De alguna manera aparece como un mal necesario, como la única respuesta posible frente a todo ese horror. Sin embargo no ha sido eficaz en evitar, y ni siquiera en reparar el daño que la violencia produce en nuestras vidas.
Por el contrario, ha significado un agravamiento en las condiciones de muchas mujeres vulneradas, sin ir más lejos, en los casos en que se han encarcelado mujeres que transitaron un aborto o aquellas que han sido instrumentalizadas como “mulas” por el narcotráfico, por poner un ejemplo. El punitivismo es lo que se viene aplicando, es un discurso que toma las reivindicaciones de justicia de las sobrevivientes y propone el agravamiento de penas, la flexibilización de ciertas garantías constitucionales, en lo que considero un falso debate.
Ante todo, ser o no garantista no es una opción. Es un mandato constitucional, y cada ciudadano y ciudadana de nuestro país las tenemos por el hecho de serlo, es la protección que tenemos frente a todo el poder punitivo del Estado, por lo que pensar en relativizarlo es cuestionar nuestro propio derecho y fundamentalmente, desconocer que hay una política criminal marcada por el sesgo de clase y de género.
Por otro lado, pretende invisibilizar la cadena compleja que permite las formas más extremas de violencias, como son los femicidios. Ningún varón nace odiando a las mujeres, ningún varón nace femicida, ninguno nace agresor sexual. Por lo tanto, el derecho penal, que es la respuesta más violenta del Estado, no podría nunca abarcar todas las conductas que llevan a que tenga lugar esa violencia. Si lo lleváramos al extremo, tendríamos que poblar las cárceles de conductores de televisión cortando la pollera de las participantes, panelistas de programas deportivos mandando a lavar los platos a una jugadora de fútbol, acosadores en las aulas y en los trabajos, etc.
No hace falta abandonar nuestros derechos frente al poder punitivo del Estado, para poner el corazón y la oreja del lado de las sobrevivientes de violencias. Hay muchísima normativa que obliga a ponderar de manera especial las pruebas, sobre todo la palabra de las sobrevivientes, en un proceso que les crea, que no las revictimice, que respete sus tiempos y que brinde una respuesta eficaz en una vida libre de violencia.
Empoderamiento
–¿Qué experiencias de intervención no punitivista en materia de violencia de género conoces?
–Ante todo, se está abriendo la mirada sobre las masculinidades alternas o masculinidades no hegemónicas, como forma de desarmar esos mandatos que pesan sobre los varones y que legitiman las formas violentas de relacionarse. Los varones deben combatir la violencia de género, porque son los portadores del privilegio, como las personas blancas deben combatir el racismo. Como plantea Melisa García, presidenta de Abofem Argentina, es difícil plantear alternativas en un sistema que apunta a la sanción y tiene acceso desigualdad a la justicia. Sin embargo, hay experiencias en las comunidades de pueblos originarios, muy exitosas en la reparación del daño. Hay protocolos que se han implementado en organizaciones de la sociedad civil (clubes, colegios profesionales, escuelas). Retomando las palabras de Melisa, cada vez hay más espacios que apelan a la solución de conflictos en forma interna, pero previo a ellos se capacitan para crear herramientas propias que apunten al empoderamiento, al contar con herramientas más reparadoras y resilientes que los mecanismos punitivistas. Siendo el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza, es el que crea mecanismos sancionatorios, que podemos discutir su efectividad, por ello es fundamental la creación de dinámicas que apunten a protocolizar y generar comisiones de Género internas para visibilizar las injusticias o violencias vividas en un espacio determinado. También es importante destacar las innumerables organizaciones feministas que se dedican a la formación y sensibilización en temáticas de género para lograr estos objetivos y cambios sociales.
