Límite agronómico: denuncian una «clara intencionalidad política» contra el campo
Desde la Sociedad Rural de Rafaela
El Concejo Municipal de la ciudad del oeste santafesino analiza una iniciativa presentada por el bloque del Frente de Todos para ampliar la frontera periurbana (de 200 a mil metros) en la que no se pueden aplicar agroquímicos y la gremial ruralista se opone férreamente.
Juan Carlos Scalzo
redaccion@miradorprovincial.com
En una nota difundida a través del sitio de la Sociedad Rural de Rafaela (SRR), su presidenta Norma Bessone apunta que el "intento de legislar en nuestro territorio local (es) en obediencia a mandatos de orden nacional" que intenta "imponer un modelo".
Si bien no indica explícitamente a quién apunta, los cañones enfocan al gobierno nacional o al grupo político con mayor predominancia en la gestión.
En otro tramo, la titular de SRR marcó su disidencia con los fallos judiciales que han fijado los límites agronómicos al reclamar que "el poder legislativo cumpla su misión, y no que la decisión la tome la Justicia".
Dos semanas atrás ingresó al Cuerpo un proyecto para llevar a 1.000 metros (actualmente es de 200 metros) la prohibición de fumigar cultivos con pesticidas y desde que tomó estado público, se desató una disputa con voces a favor, en contra y otras que refutan e invalidan los argumentos de la postura opuesta.
El tema tiene una larga historia en la Perla del Oeste y el primer intento por cambiar la norma municipal data de hace 14 años, pero el tironeo entre el campo y los ambientalistas, más la intención de eludir la discusión y la votación, por el costo político que implica en una zona donde el campo tiene gran predicamento, hizo que fuera perdiendo estado parlamentario en los sucesivos períodos que siguieron y solo en un par de ellos no estuvo en agenda.
A mediados de octubre de 2018, un proyecto, también del Justicialismo, superó el tratamiento en Comisión, pero los ediles rafaelinos, luego de acaloradas y altisonantes discusiones previas entre las partes interesadas, lo votaron negativamente. Esa propuesta impulsaba la ampliación de la zona de resguardo de los 200 actuales hasta 500 metros. Y elevaba la línea agronómica a 1.000 metros, en donde sólo se podrían poner algunos productos, y prohibía los de banda roja, así como la fumigación aérea, aunque esta última casi no se efectúa en la región.
Un debate serio
En la parte medular de su mensaje, dirigido a los productores pero con fuerte repercusión en el ámbito político, Bessone sostiene que el proyecto de ordenanza que debate el Concejo "sólo replica y aumenta una clara intencionalidad política que se viene repitiendo en el país con un 'modelo' que se intenta imponer. Maneja una profusión de mensajes parciales, superficiales, con sesgos ideológicos, cerrados y provocadores que intentan presionar y legislar en nuestro territorio local en obediencia a mandatos de orden nacional. Y en ello involucra a grupos que, desentendidos de los vericuetos de la política, apoyan fines falaces".
Enseguida, y en tono de cuestionamiento, la presidenta de SRR señala que "todos tenemos Derecho a la Salud, al Trabajo y a la Alimentación. Todos debemos tener asegurados de parte del Estado el ejercicio de estos derechos y el acceso a una información racional, científica, completa y variada para conocer la realidad en todas sus dimensiones. Y la ciudadanía tiene derecho a un debate serio, documentado y amplio, en el que el poder legislativo cumpla su misión, y no que la decisión la tome la Justicia".
Sobre el final del texto, Besson se compromete a que desde la institución que comanda "seguiremos brindando aportes de calidad, diversos (no dos o tres fuentes reiterativas de un mismo relato) con la finalidad de ofrecer más información, más experiencias, más investigaciones, más estadísticas, más aportes para un debate serio y profesional en el ámbito del Concejo Municipal de Rafaela".
El tema tiene una larga historia en la Perla del Oeste y el primer intento por cambiar la norma municipal data de hace 14 años, pero el tironeo entre el campo y los ambientalistas, más la intención de eludir la discusión y la votación, por el costo político que implica en una zona donde el campo tiene gran predicamento, hizo que fuera perdiendo estado parlamentario.
