El Consejo Federal rechazó la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público
Lucha de poderes
Entienden que en caso de aprobarse contrarían “el espíritu de independencia y autonomía” del artículo 120 de la Constitución Nacional.
Redacción Mirador Entre Ríos | redaccion-er@miradorprovincial.com
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifestó su profunda preocupación por los proyectos de ley actualmente en debate en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación y que pretenden modificar las leyes relativas a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. Este documento de rechazo fue apoyado con la firma de Maximiliano Benítez, quien es Defensor General de Entre Ríos.
Tales proyectos proponen una simplificación en las mayorías parlamentarias –mayoría simple– para la elección y remoción de los cargos del/la Defensor/a General de la Nación y Procurador/a General de la Nación, como así también la imposición de un plazo a la duración de sus mandatos.
Desde el Consejo consideraron que “tales modificaciones legislativas contrarían, en caso de sancionarse, el espíritu de independencia y autonomía que inspiró al legislador constituyente de 1994, lo que significaría un notable retroceso a los logros alcanzados por las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos actualmente vigentes. Efectivamente implicaría una clara afectación a los principios de independencia y autonomía de los Ministerios Públicos garantizados en el artículo 120 de la Constitución Nacional”.
Asimismo, hicieron saber mediante un comunicado que ello debilitaría notablemente el funcionamiento institucional y la estabilidad de quienes representan a los respectivos Ministerios (Defensor/a y Procurador/a General).
“Un mandato exiguo como los propuestos impediría llevar adelante un programa de gobierno institucional que involucra el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas a remover obstáculos en el acceso a la justicia y garantizar el derecho de defensa de todas las personas y, en particular, de aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Máxime cuando se encuentran en pleno desarrollo e implementación reformas estructurales, tales como el nuevo modelo adversarial de proceso penal y la promoción de la oralidad en los procedimientos civiles”, resaltaron.
Por otra parte, expresaron que es insostenible la modificación del mecanismo de remoción del/la Defensor/a General y Procurador/a General como así también de los/as magistrados/as. “La eliminación del sistema de juicio político y la alteración del Tribunal de Enjuiciamiento afecta la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos al debilitar la estabilidad de su máxima autoridad y de los/as magistrados/as frente a otros poderes del Estado”, expresaron.
Respaldan la postura
De esta manera, el Consejo Federal se apoyó en el documento dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, “Garantías para la independencia de las y los Operadores de Justicia”, indica en el punto 84 que “los mandatos de corta duración de estos cargos debilitan el sistema de justicia y afectan a la independencia y el desarrollo profesional”, mientras que “los periodos prolongados, sin estar sujetos a reelección, favorecen la independencia”.
El Comité Jurídico Interamericano aprobó el documento de “Principios y Directrices sobre Defensa Pública de las Américas” (reconocidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos), donde se destaca “la importancia de la independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria, de la defensa pública oficial, como parte de los esfuerzos de los Estados Miembros para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida”.
Por lo expuesto, el Consejo Federal rechazó enfáticamente una modificación legislativa que contraría el modelo propuesto como ideal por los Organismos internacionales citados y que, en consecuencia, implicaría un retroceso en el diseño institucional de los Ministerios Públicos de la República Argentina.
