Acción en la Plaza 1° de Mayo por el aborto legal
En Paraná
Este miércoles 18 de noviembre se convoca a una concentración en la Plaza 1° de Mayo a partir de las 18.30, para retomar los pañuelazos que en 2018 y 2019 tiñeron de verde las calles del país. Este año, la convocatoria es particular debido a las medidas de higiene y seguridad necesarias, es por eso que desde la organización se aclara: “Salimos a la calle, con barbijos, distanciamiento y responsabilidad social ¡Nos cuidamos entre todes!”.
La larga lucha por el derecho la interrupción voluntaria del embarazo, en condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política para lograr su objetivo, es por eso que esta movilización a nivel nacional busca que “el Congreso de la Nación asuma su parte en la historia de la ampliación de derechos”.
Desde la convocatoria se puede leer: “La legalización del aborto es la deuda que tiene el Estado y sus representantes con nosotres, por eso vamos a intensificar las acciones y el debate sobre nuestro proyecto para exigir la sanción de ley en el Congreso, porque es una cuestión de salud pública y un derecho vulnerado sobre la decisión soberana de nuestros cuerpos. Exigimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo ahora con equidad de acceso a la salud integral y atención igualitaria, Educación Sexual Integral y el Estado laico. La deuda es con nosotres!”
Sin criminalizar
Desde La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se convoca a esta concentración nacional reivindicando los años de lucha y entendiendo que es momento de poner sobre el tapete la discusión legal, ya que los números de la criminalización son significativos.
Desde noviembre de 2019, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, participa en una investigación sobre criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos junto al CELS, el Centro Universitario San Martín (Cusan) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. La investigación cuenta con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, donde se afirma que “legalizar el acceso al aborto a partir de un sistema de plazos es urgente. No podemos seguir esperando, a merced de la discrecionalidad de efectores de salud, policías, fiscalías, jueces y juezas. Los costos de la ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres, varones trans y personas no binarias de diferentes edades, niñas, adolescentes y adultas empujadas a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. A mayor pobreza, más expuestas están a los abortos inseguros”, concluye.
