Nación promete avanzar con la urbanización de 14 barrios populares en la provincia
Erradicación de ranchos
La secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, repasó los planes de su cartera, que tiene a cargo la implementación de la ley votada en 2018, que aspira a transformar los 4.416 villas y asentamientos irregulares del país.
Mirador Provincial
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Fernanda Miño no es una funcionaria más dentro del organigrama nacional. No solo por su rol (tiene a cargo el programa de urbanización de barrios populares), sino fundamentalmente por su origen. Nacida y criada en la villa La Cava, en San Isidro, conoce como pocas la realidad de los más necesitados, básicamente porque la sigue sufriendo. "No tengo conectividad en mi casa. Me acabo de enterar por un mensaje de texto de un compañero", admite, cuando se la consulta por una novedad de último momento (NdR: la entrevista fue realizada a los pocos minutos de trascender la renuncia de la ministra María Eugenia Bielsa). Trasladada recientemente a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la funcionaria despliega su plan para Santa Fe, donde cuenta que ya hay 14 proyectos en marcha para cinco ciudades, que beneficiarán a 5.800 familias.
Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana que encabeza, Miño ya tiene firmados convenios con las localidades de Rosario, Santa Fe, Rincón, Villa Gobernador Gálvez y Reconquista. "Hemos tenido muy buen nexo con el gobernador Omar Perotti y su ministra de Infraestructura Silvina Frana, que me transmitieron que estaban muy contentos de poder trabajar directamente con las organizaciones sociales para la urbanización de los barrios", afirma.
Su cartera tiene la enorme tarea de cumplir con el mandato de la ley 27.453, sancionada en 2018. Entre otros, se plantea como objetivo asegurarle el acceso a servicios básicos a todas las familias censadas por el Registro Nacional de Barrios Populares. Para dimensionar la tarea, en Santa Fe existen 341 villas y asentamientos irregulares (ver aparte). "Fue una ley que si bien fue votada durante el macrismo, fue acompañada por todos y muy empujada por las organizaciones de base, que peleamos mucho para que salga", asegura Miño, militante del Frente Patria Grande, que tiene como referente a Juan Grabois.
En las dos principales ciudades de la provincia, Nación avanza con la urbanización de tres barrios: Nuevo Alberdi y La Lagunita (en Rosario) y Playa Norte (en Santa Fe). En todos los casos, las obras serán financiadas por el gobierno nacional, pero estarán en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Nuevo Alberdi será con Ciudad Futura, en tanto que en La Lagunita con el Movimiento Evita -agrupación en la que participa Ignacio Rico, el funcionario provincial encargado del área hábitat para Rosario dentro del Ministerio de Infraestructura-. En Playa Norte será con la asociación civil Manzanas Solidarias.
Celeridad
Más allá de excusarse por no tener detalles de última hora, Miño no esquivó la consulta sobre la renuncia de María Eugenia Bielsa, funcionaria de la cual dependía hasta finales de septiembre, cuando se definió un cambio de organigrama. "Nosotros sentíamos que (el ministro de Desarrollo Social) Daniel Arroyo tenía ganas de explorar la política que se estaba pudiendo hacer desde (el Ministerio de) Hábitat. Si nos permitía llegar con mayor celeridad a los barrios, bienvenido sea. Ese fue nuestro mensaje", indicó.
El traspaso de los fondos para la urbanización de barrios populares fue un primer signo de debilidad de Bielsa en el gabinete nacional. Si bien el área no tenía asignado un presupuesto considerable, sí tenía muchas perspectivas de crecer: con la creación del impuesto PAIS, el presidente Alberto Fernández dispuso que un 9% del gravamen fuera destinado a un fondo para la urbanización de villas. Ello se podría incrementar aún más si se aprobase la contribución especial a las grandes fortunas: el 15% de lo recaudado también tendría ese destino.
El pasado jueves el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) dio un paso muy importante, tras la firma de un convenio entre Arroyo y el presidente de BICE Fideicomisos que formalizó su mecanismo de administración. Según el parte oficial de Presidencia, el fondo cuenta con recursos por alrededor de 11.000 millones de pesos. De esa cifra, un tercio será destinada a la creación de lotes con servicios, y el resto para la urbanización de los barrios que ya fueron registrados.
"Hoy estamos consolidando una herramienta fundamental para hacer de la integración de nuestros barrios una política de Estado que se sostenga en el tiempo. Estoy convencida de que esta es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos y también la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones impulsando el loteo social", analizó Miño.
Según la propia ley que creó los fondos para la urbanización de barrios populares, las obras deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular, integradas preferentemente por los vecinos y vecinas de los barrios.
341 barrios populares en Santa Fe
A nivel nacional, se registran un total de 4.416 barrios populares, definidos como aquellos en los que viven al menos ocho familias agrupadas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Santa Fe aparece segunda en el ranking, con 341, en los que viven 270 mil personas.
"El objetivo que nos planteó el ministro Arroyo es urbanizar 400 barrios por año", asegura Miño, quien sabe que la cifra, a pesar de ser un simple paliativo para el total nacional, no será sencilla de alcanzar.
Según la propia ley que creó los fondos para la urbanización de barrios populares, las obras deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular, integradas preferentemente por los vecinos y vecinas de los barrios.
"Hoy estamos consolidando una herramienta fundamental para hacer de la integración de nuestros barrios una política de Estado que se sostenga en el tiempo".
"Estoy convencida de que esta es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos".
