La Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto de libre acceso a la información pública
Por octava vez
El proyecto pertenece al diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP) Gabriel Real. “El proyecto es una respuesta a inquietudes ciudadanas y pretende mejorar la calidad institucional de los tres poderes de Santa Fe. El que no entiende que lo público tiene que tener este tratamiento debe dedicarse a la actividad privada. Democracia es transparencia”, expresó Real.
Cabe indicar que pasaron casi 18 años desde la primera media sanción del proyecto. Tuvo presentaciones que tuvieron media sanción por unanimidad en Diputados en 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 2016 y en 2018 el bloque provincial del PDP insistió una vez más con esta vieja demanda, aún no resuelta, en la sesión de este jueves 30 y logró la octava media sanción.
“Desde el año 2009, la Provincia de Santa Fe, a través del decreto 692 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que se busca con este proyecto, pero no deja de ser limitado, pues aún existen barreras que no pueden ser salvadas, sino a través de una ley”, explicó el legislador del PDP.
“Pese a que nadie se opone, al menos públicamente, a las políticas de transparencia, la cultura del secreto y el oscurantismo está muy arraigada en ciertos sectores de la administración pública. En los hechos, no se logró la sanción definitiva porque el Senado impidió el tratamiento de esta ley y por ende que la Provincia cuente con una herramienta que sea amplia y sin restricciones. Y optaron por adherir a la ley nacional vigente que lejos está de ser transparente y otorgar las respuestas a todos los planteos y requerimientos de la ciudadanía”, agregó.
Iniciativa
La autoridad de aplicación en el proyecto del PDP son las tres cabezas de los tres poderes del Estado: gobernador, presidente de la Cámara de Diputados, vicegobernadora y en el Poder Judicial la Corte Suprema de Justicia. “En el orden nacional se creó un instituto similar, pero se quitó autonomía y se armó la agencia anticorrupción con la conducción de un funcionario público, que en todo caso es un militante del partido del gobierno. En definitiva, esa ley de 2017 no cambió nada”, apuntó el legislador.
Las limitaciones se sostendrían cuando la información y documentación afecten la intimidad personal o familiar de las personas, a su honor y a su propia imagen o constituyan bases de datos personales de domicilios o de teléfonos; cuando la información, antecedentes y documentación se declaren como secreta; entre otros puntos. El acceso a la información será gratuito y el requerimiento deberá ser formulado por escrito, con identificación del solicitante, sin necesidad de indicar los motivos.
La trascendencia del proyecto ha sido resaltada no sólo por los legisladores, sino por distintas organizaciones intermedias de la provincia, entre ellas el Sindicato de Prensa. “Defendemos la transparencia en todos los actos de gobierno y la plena vigencia de esta ley tiende a evitar actos de corrupción. Una forma precisa y concreta de terminar con la crisis de representatividad y su ilegitimidad correlativa es permitirle al ciudadano común conocer las actuaciones y los actos de los funcionarios. Se debe entender definitivamente que la información no pertenece a la prensa ni al gobierno, sino que es un derecho de los ciudadanos. Esperamos que ahora el Senado dé tratamiento legislativo para hacer efectiva esta ley que es un viejo reclamo de la ciudadanía que claramente no pierde vigencia. Por ejemplo, esta situación excepcional de pandemia nos lleva a pensar en la importancia de que la ciudadanía pueda estar al tanto de las maneras de utilizar todos los recursos puestos en atender esta crisis excepcional”, completó el diputado.
