Descubrieron un garito clandestino tras la fachada de una distribuidora de vinos en Rosario
Tragamonedas
Un total de 30 máquinas tragamonedas secuestradas, además de celulares, computadoras y otros elementos de interés para la causa donde se investiga a una banda que realizaba extorsiones fue el saldo de ocho allanamientos realizados esta mañana en una distribuidora de vinos de la zona oeste de Rosario..
Los operativos conjuntos entre la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fueron solicitados por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli y tienen objetivos recabar información sobre Leonardo Peiti. Hoy, algunos de los allanamientos dispuestos fueron realizados en domicilios de varios de sus familiares.
Peiti, un hombre de 46 años con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal y buscado el miércoles sin éxito en varios allanamientos, se mantiene prófugo y podría presentarse este lunes ante la Justicia. Está sindicado como la persona que movió influencias dentro de la Fiscalía para lograr la liberación de dos hombres que habían sido detenidos portando armas el 9 de enero en un operativo de Gendarmería a pedido de uno de los detenidos en esta causa, Maximiliano "Cachete" Díaz.
Durante los allanamientos conjuntos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentación de interés a la causa y 30 máquinas tragamonedas en una distribuidora de vinos de Mendoza al 4300.
La audiencia imputativa en la que cinco personas fueron acusadas de integrar una organización criminal dedicada a llevar adelante extorsiones a comerciantes de diferentes rubros y que permitió descubrir el funcionamiento de una treintena de casinos clandestinos en Rosario y su área metropolitana tomó dimensiones políticas mayúsculas después de que se ventilara que desde adentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se traficaba información al grupo, según publicó ayer La Capital. En ese sentido, el propio ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, rompió ayer su silencio de los últimos días y sostuvo que “fue un fiscal y no un empleado de la fiscalía” la persona que brindó esa ayuda.
