Piden que se derogue el decreto que condiciona fondos para municipios
Decisión polémica
Lo firmó el gobernador, y supedita la remisión de partidas a que las localidades cumplan y hagan cumplir la cuarentena. El bloque de diputados radicales lo consideró una "amenaza". Desde Cambiemos plantearon que es "un desatino y mamarracho jurídico".
Mirador Provincial
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La decisión del gobernador Omar Perotti de supeditar el envío de fondos destinados a la pandemia a que los municipios y comunas cumplan y hagan cumplir la cuarentena, generó un profundo malestar en intendentes y jefes comunales. Como se informara, mediante el decreto 420, el Poder Ejecutivo estipuló que a partir de ahora, las administraciones que no se ciñan estrictamente a las normativas sanitarias tanto nacionales como provinciales o no ejerzan su rol de fiscalización, dejarán de percibir los recursos correspondientes al Programa de Atención a gobiernos locales. Dicho fondo prevé una asistencia total por tres mil millones de pesos.
El gobierno pretende, de ese modo, desalentar las decisiones unilaterales que comenzaron a tomar algunas administraciones autorizando, por ejemplo, la hora de caminata. También, llamar la atención de otros jefes comunales o municipales que relajaron los controles en espacios públicos y paseos.
Frente a ello, los intendentes se quejaron de la decisión del gobernador y advirtieron -incluso- que en una videoconferencia con el propio mandatario, éste había dejado a criterio de los municipios la habilitación de las salidas recreativas. Después hubo un decreto provincial que las prohibió taxativamente, pero en medio de ello quedó la confusión.
Derogación
La reacción llegó también desde el ámbito legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados. Allí, el bloque de la Unión Cívica Radical adelantó que solicitará la derogación del decreto. La bancada, presidida por Maximiliano Pullaro, manifestó su rechazo a la determinación oficial.
"Estamos profundamente preocupados. Que en medio de la pandemia se amenace por decreto, nos parece una actitud poco propia de un gobernante democrático", manifestó el diputado Juan Cruz Cándido. El legislador recordó que "desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el propio mandatario buscó delegar la responsabilidad en los presidentes comunales e intendentes, quienes tuvieron que hacerse cargo de la compra de insumos con recursos propios y sin asistencia provincial", planteó. Asimismo, sostuvo que hasta el momento, "sólo se distribuyó el 10% del monto total del fondo de Atención a Gobiernos Locales en el marco de la emergencia Covid-19 . Los intendentes y presidentes comunales fueron quienes tuvieron que salir a comprar insumos para abastecer a médicos y policías -insistió-. A las localidades la ayuda que enviaron fue poca y a destiempo".
Para Cándido, esta "amenaza" del gobernador a los intendentes "después de que los dejaron solos, sin fondos y sin respuestas, nos parece una falta de respeto a quienes tuvieron que estar en la primera línea de respuesta desde el 20 de marzo". Por eso, adelantó que reclamarán la derogación del decreto porque, además, "el control es competencia del gobierno de Santa Fe y es el gobernador quien debe hacerse cargo". "Perotti -sostuvo- es sólo un transmisor de responsabilidades. Más que amenazar a los intendentes, el gobernador debería pedirles perdón y ayudarlos", concluyó.
"Mamarracho"
También desde el bloque de diputados de Cambiemos cuestionaron la decisión del Ejecutivo. "Es un verdadero desatino, jurídico y político. Tanto o mayor que el decreto que ordena el corte de energía a empresas o comercios que no cumplan protocolos sanitarios", sostuvo.
"Debe existir correlación entre la sanción y el incumplimiento -expresó el diputado-. Y todas las políticas (mucho más en estos tiempos) deben estar dirigidas a que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos locales cumplan las normas y ayuden con los controles que se recomiendan. Si hubiera incumplimientos, normas que se contraponen o debates sobre el alcance de alguna disposición provincial, debe abordarse este diferendo en un marco institucional adecuado", planteó.
Galdeano alertó que "la política del garrote no es jurídicamente aplicable, mucho menos con niveles de capricho y discrecionalidad altamente cuestionables. Tampoco es conveniente como método para intentar el acatamiento de una norma". A su criterio, el decreto constituye un "despropósito institucional, un mamarracho jurídico y un manotazo de quien no considera el diálogo y la fundamentación como requisito básico de las políticas públicas. Los recursos de los santafesinos pertenecen a los santafesinos. No deben ser nunca un instrumento para imponer voluntades. En democracia los liderazgos deben ser ejercidos a partir de los consensos y dentro del marco de la legalidad", concluyó.
