Últimas postales de un proceso que se deshilacha
Observatorio político
Símbolo de un proceso mucho más breve de lo que los consejeros, bufones y multiplicados juglares habían considerado, lo que arrancó con chuscas coreografías en los balcones de la Casa Rosada termina con nerviosos gestos de desequilibrio incluso emocional en la cornisa del poder.
Mirador Entre Ríos
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Creado el escenario de que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias eran decisivas, con vistas a pronunciar una polarización entre las figuras de Mauricio Macri y Cristina Fernández, el oficialismo a nivel nacional se encuentra a cuatro meses del cambio de gobierno con un revés electoral de proporciones (47,65% a 32,08%, lo que representa casi cuatro millones de votos de diferencia) que puede profundizarse en las Generales del 27 de octubre, lo que constituye una probabilidad de revertir los guarismos meramente teórica.
Si el proceso se abrió con un fraude político socialmente tolerado, que surge de contraponer lo sucedido en el debate presidencial de 2015 con lo que después devino en programa de gobierno, los últimos episodios proponen la activación de mecanismos de disciplinamiento a escala social, con amenazas veladas o expresas, reproches y atribución de culpas, negándose a aceptar la realidad, confirmando el curso pero a la vez tomando medidas que lo contradicen, en fin, borrando con el codo lo enunciado en la discursividad proselitista.
Una prueba más de que el gobierno de Macri se ha ido aislando se sustanció esta semana cuando los gobernadores, como representantes de las distintas jurisdicciones sin importar el signo partidario al que adscriban, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para formular una pública queja y producir un documento en el que reprochan el hecho de que las medidas tomadas por la Nación significan un fuerte impacto negativo en las provincias, dado que se afectan fondos coparticipables.
Secuelas
En el caso de Entre Ríos, se estima en 1.600 millones de pesos la merma de recursos impositivos cuyo gasto –por otra parte– ya ha sido asignado cuando se diseñó y aprobó el presupuesto para el corriente año. Esa masa de dinero que, de golpe, el gobierno federal redirecciona sin consultar con los estados subnacionales pese a que directamente se los perjudica, representa la mitad de lo que precisa la provincia de Entre Ríos para cumplir con el medio aguinaldo. Así las cosas, el primer gesto de la administración Bordet fue comunicar a los contratistas que los pagos se ralentizarán, lo que tendrá un impacto inmediato en el ritmo de la obra pública. Y, se presume, es probable que también en el régimen de actualización salarial oportunamente acordado, lo que seguramente aparecerá en la agenda de sindicatos y gobierno.
La onda restrictiva llegará asimismo a los municipios, dado que –en distintas proporciones– una parte de los recursos coparticipables se transfieren a los gobiernos locales. En un panorama de empobrecimiento de las plazas, con las consecuencias sociales que ello trae aparejado, el achicamiento repentino de las fuentes de financiamiento para lo ya planificado es un problema serio.
Las prioridades fijadas en reunión de gabinete determinan que el mayor empeño en Entre Ríos estará colocado en el pago de salarios y jubilaciones y en afrontar los gastos de funcionamiento y las inversiones necesarias para reforzar los servicios en salud pública y los programas de contención social.
En fin, queda por delante la tercera parte del año aún y la impresión es que la fragilidad del contexto obligará a producir análisis semanales, de corto plazo, y a extremar la prudencia en la producción de gasto.
Pasos dados
Hasta el 11 de agosto a la noche, en Entre Ríos dábamos por cierto que el presupuesto 2019 tenía superávit primario (los ingresos estimados eran superiores a los gastos corrientes previstos) y secundario (los recursos seguían siendo más altos si se consideraba el pago de deuda). Para arribar a ese estado, el gobierno había producido readecuaciones en la Administración que combinó con un aumento en la recaudación impositiva propia, lo que no obstante significó un alivio para los sectores menos pudientes y también para los empresarios, con impuestos en vías de extinción como la ley 4035 y exenciones a la de Ingresos Brutos.
El gobierno provincial aseguraba la prestación –no sin dificultades– de los servicios esenciales como educación, salud, justicia y seguridad; realizaba obras públicas conforme a un plan que fue de menor a mayor, a veces con recursos propios, otras veces buscando financiamiento externo; había dinamizado expresiones de la economía social y también se había hecho cargo de financiar actividades en las que el estado nacional se retiró, como no lo hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que han sido enormemente beneficiadas desde la asunción de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.
Para el interior, el ajuste significó el repliegue del Estado federal en materia de inversión en infraestructura social y productiva, el empobrecimiento de su presencia territorial –lo que se advierte de manera palmaria en la política de recorte de subsidios al transporte público de pasajeros–, en el aumento exorbitante de la exacción impositiva vía tarifas para servicios cuya calidad no mejoró y en una política de distribución de la riqueza cuya estrategia organizadora fue propiciar negociaciones de salarios a la baja.
Altos costos
Sin embargo, pese a que fueron numerosas las denuncias y señalamientos de funcionarios actuales y del propio Macri en torno a la necesidad de corregir lo que caracterizaban como un dispendio de la etapa precedente, no hubo una restricción sustantiva en la cuenta del gasto público en estos últimos años, sino un redireccionamiento: una importante masa de los recursos que leudaba las relaciones sociales y las dinamizaba –sin que, por ello, la realidad pre 2015 fuera un paraíso–, se destinan ahora a la renta financiera, sobre todo a partir del negocio de las letras que emite el Tesoro para financiar deudas corrientes o para contener sin éxito la depreciación del peso. Si parece claro que, sin una economía fuerte es imposible contar con una moneda solvente, es evidente en el mismo sentido que la instalación de estos escenarios –sea por el costo de los insumos importados, por la presión impositiva o por la caída de la ventas– tiende a desactivar todo ánimo inversor en la economía productiva, con lo que se alienta un ciclo vicioso, altamente perjudicial.
En este contexto, los anuncios del gobierno no sólo son medidas puntuales que no alcanzan a configurar un plan, sino que además tampoco resultan correctivas de los núcleos de la política económica.
Sin ir más lejos, un gobierno que ha defenestrado toda política de contención de precios como si se tratara de un límite ético (y acaso lo sea), ¿cómo hará para asegurar que la eliminación del IVA se transforme en una rebaja del precio del producto de primera necesidad en la góndola del supermercado o el estante del almacén?
En fin, más allá de estas cuestiones, es de esperar que la crisis cambiaria sea sobrellevada y no se transforme en una corrida bancaria. En ese hipotético escenario, las fuerzas concurrentes generarían efectos parecidos a los de un huracán y ya sabemos, por propia experiencia, quiénes son los que salen más perjudicados de esos tembladerales.
Quita de recursos
Los gobernadores no descartan la vía judicial
Mandatarios de 19 provincias, entre ellos el gobernador Gustavo Bordet, expresaron que no descartan "el amparo judicial" ante lo que consideran una violación del Pacto Fiscal y de la Ley de Presupuesto vigente por parte del gobierno nacional. Alertaron que la Nación pone en riesgo la paz social y destacaron la falta de compensaciones en los recursos.
Los gobernadores, de diversas expresiones políticas, se reunieron en Buenos Aires y acordaron una expresión conjunta en la que subrayaron que el gobierno nacional "no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias". "Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes", advirtieron.
Durante la reunión que se llevó a cabo en la sede del Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios se unieron para expresar que “no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos”.
Sin embargo “las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de donde saldrán los recursos para afrontar las mismas nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”.
En ese sentido, “si bien nos parece positivo que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad que hoy en forma arbitraria se está vulnerando”, sostuvieron en el texto consensuado al final del encuentro.
Por lo tanto, “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los Estados que representamos”, indicaron los mandatarios y reiteraron que “no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los Estados Provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”. También recordaron que “hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados”.
