Nómina oficial
Luego de constatarse que vienen ejerciendo esta actividad como medio de vida y que cumplen con las condiciones fijadas, unas 70 personas fueron empadronadas por el municipio.
Juan Carlos Scalzo
redaccion@miradorprovincial.com
El registro habilita a los “trapitos” a ganarse la vida de esta manera, pero a cambio deben respetar serie de obligaciones y capacitaciones de carácter obligatorio. Vale recordar que, con el fin de desalentar esta actividad y prohibirla en el futuro, el Departamento Ejecutivo rafaelino emitió, a mediados de diciembre pasado, un decreto para inscribir a quienes se ofrecen para lavar coches en la vía pública (están concentrados en el microcentro), luego de varios frustrados proyectos de ordenanza, que estuvieron bajo análisis en el Concejo Municipal en los últimos años, pero no prosperaron.
Las condiciones para ser inscriptos fueron acreditar el desarrollo actual de la actividad indicando sector o ubicación, ser mayor de 18 años, contar con al menos cinco años de residencia comprobable en la ciudad y residencia efectiva, no contar con trabajo formal y presentar certificado de buena conducta.
El decreto establece que se otorgarán “permisos excepcionales”, que no se renovarán ni podrán transferirse a otros cuando su titular abandone la actividad. A su vez, se establecen horarios topes y requisitos y condiciones para quienes desarrollen la actividad.
Además, mediante un decreto complementario, se creó el programa de mejora de la empleabilidad para estas personas, así como su inclusión en los diferentes programas municipales para facilitar el acceso a oportunidades formativas, instrumentos de formalización legal y asistencia material y financiera para ellos y sus familias.
Las pecheras serán de color azul francia y su uso es obligatorio tanto como la autorización otorgada y el distintivo que se les provea y ambas deberán estar colocadas en lugar visible. En cuanto a las obligaciones que deberán observar se encuentran la de no interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos ni peatones, y asistir a los cursos y talleres de capacitación y formación que se dispongan.
Las sanciones que están previstas son el llamado de atención, la suspensión temporal de la autorización y la cancelación definitiva de la autorización. El juzgamiento y sanción de las conductas que constituyan violaciones a las disposiciones contempladas en el decreto estará a cargo de los juzgados de falta municipales.
El permiso deberá renovarse cada seis meses, y serán causas de cancelación definitiva: no ejercer la actividad autorizada personalmente; realizar cualquier tipo de transacción con el permiso otorgado sin autorización de la autoridad competente; consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias prohibidas en el lugar de trabajo, así como presentarse a ejercer la actividad en estado de consumo; ser condenado por delito doloso.
La selección
Mariana Allassia, subsecretaria de Economía Social y Empleo, señaló a este medio que “el registro está cerrado” y agregó que se tuvo que trabajar mucho para que puedan cumplimentar con la documentación, “sobre todo con el trámite del DNI porque una gran cantidad no lo poseía”.
La funcionaria comentó que se entrevistaron a más de 100 personas, entre ellos “un porcentaje importante eran menores de edad y sobre este grupo está trabajándose desde las áreas de protección a la niñez”.
Respecto a los adultos, Allassia apuntó que “son 70 los inscriptos en el registro” y recordó que “será el personal de Prevención Ciudadana municipal el encargado de actuar sobre la convivencia en la vía pública (entre los mismos trapitos y entre ellos y los ciudadanos) para evitar que se produzcan situaciones inesperadas o problemáticas”. En el mismo sentido, informó que “habrá un número de teléfono para realizar denuncias en casos de conductas inapropiadas por parte de los lavacoches, para intervenir rápidamente”.
Finalmente, la secretaria comentó que un gran inconveniente para acceder al permiso fueron las cuestiones vinculadas a las causas judiciales de muchos de los aspirantes, pero aclaró que “los registrados están libres de causas abiertas, aunque algunos pasaron por situaciones de conflicto con la ley penal”.
Las condiciones para ser inscriptos fueron acreditar el desarrollo actual de la actividad indicando sector o ubicación, ser mayor de 18 años, contar con al menos cinco años de residencia comprobable en la ciudad y residencia efectiva, no contar con trabajo formal y presentar certificado de buena conducta.





















