Sarasola presentó un recurso de amparo por el Fondo Sojero
Dinero del Estado
El jueves 30, la Municipalidad de Casilda presentó un recurso de amparo contra el Estado nacional solicitando se declare la nulidad del DNU que eliminó el aporte del Fondo Solidario Federal. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Rosario.
Luego de conocerse la noticia que, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional decretaba el fin del Fondo Solidario Federal, y que a raíz de esa acción la Municipalidad de Casilda dejaría de percibir un aporte de más de 5 millones de pesos, el intendente municipal, Juan José Sarasola, encomendó al área legal del Municipio estudiar la situación y accionar legalmente para revertir esta situación.
Es por eso que en la mañana del jueves 30, ante el Juzgado Federal 2 de la ciudad de Rosario, se interpuso una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución nacional y ley 16.986 en lo pertinente, contra el Estado nacional, a los efectos que –previo trámite legal- ordene al Estado que declare la nulidad del DNU 756/2018, cuyo artículo 1° dispone “deróguese el decreto nº 206 del 19 de marzo de 2009”.
A través de la presentación, el Municipio manifiesta que la medida conforma “una evidente violación al orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 14, 14 bis, 16, 18 de la Constitución Nacional (CN), régimen de autonomía municipal y régimen federal, procurándose con esta acción, la tutela jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Estado nacional”.
Asimismo, y como medida cautelar, se solicita la suspensión inmediata de la aplicación del DNU 756/2018, a fin de impedir los graves perjuicios que el mismo provoca a la Municipalidad de Casilda.
Esta acción es la primera que se lleva adelante contra el Gobierno nacional por el Fondo Sojero, pero seguramente no será la única, ya que otros intendentes y presidentes comunales se sumarán en el futuro y también el Gobierno provincial evaluaba medidas judiciales para frenar esta decisión unilateral del Gobierno nacional que perjudica directamente a localidades como Casilda.
