Rosario: hubo 749 denuncias de inquilinos en el primer semestre
Alquileres en la mira
Se registraron en la oficina de Defensa al Consumidor de la ciudad. El principal factor es la renovación de los contratos, que en muchos casos van del 30 al 40 por ciento.
Ignacio Pellizzón
redaccion@miradorprovincial.com
Las denuncias de los inquilinos en la oficina de Defensa al Consumidor en Rosario lejos de caerse se sostienen año tras año a falta de una ley nacional de alquileres que regule la situación. En total se registraron en el primer semestre de 2018 un total de 749 quejas.
Los malestares de las personas que llegan a la oficina son variopintos. “Estamos notando un incremento de inquilinos que buscan rescindir sus contratos porque, en algunos casos, no los pueden seguir pagando y en otros porque la renovación se les escapa de su presupuesto y se les hace muy difícil sostenerlo”, contó a Mirador Provincial uno de los referentes de Defensa al Consumidor, Ariel D'Orazio.
La difícil situación económica que está atravesando el país genera un manto de incertidumbre de cara al futuro que conlleva a que distintas personas empiecen a rever sus contratos de alquileres y a sacar números para ver si les alcanzará a la hora de renovar los contratos que, en promedio, rondan entre el 30 y el 40%.
Pese a que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para que en la liquidación de expensas de propiedad horizontal se diferencien de manera clara y precisa los gastos ordinarios de los extraordinarios, todavía hay muchos edificios que no se adaptaron a la nueva normativa.
La propuesta aprobada, que modifica la ordenanza 9.679, establece que los administradores de consorcios realicen en las liquidaciones de expensas un detalle pormenorizado de los gastos correspondientes a cada concepto, generando un comprobante de pago para las expensas ordinarias y otro diferente para las expensas extraordinarias.
“Siguen llegando personas quejándose de que en sus expensas les están cobrando gastos extraordinarios que deberían correr por cuenta del propietario”, contó D’Orazio. Es que la nueva reglamentación recién se aprobó en marzo, con lo cual tardará un tiempo hasta que todos los consorcios y edificios de la ciudad se logren adaptar a la nueva reglamentación.
Morosidad, otro problema
De a poco se empieza a sentir que los inquilinos no llegan a fin de mes para cumplir con las obligaciones de pago. Si bien no hay un boom de morosidad al respecto, “sí es cierto que el hecho de acumular deuda en expensas se termina transformando en un déficit complicado de cerrar”, señalaron desde la Defensa al Consumidor.
El mayor inconveniente que surge a razón de acumular expensas impagas es que “no hay planes de pago o financiamientos para saldar la deuda en cuotas”, con lo cual se terminan acumulando cifras altísimas que nunca se terminan de pagar.
Además, el hecho de no pagar en tiempo y forma genera intereses que “los inquilinos no pueden afrontar” y, por eso, son muchos los que “vienen a consultar qué se puede hacer al respecto para lograr salir de esa situación que los asfixia”, comentaron.
Nueva ley de alquileres
La nueva Ley Nacional de Alquileres cuenta con media sanción del Senado de la Nación y los puntos más importantes son los siguientes:
-En principio, los contratos de alquiler para vivienda pasarían a tener un plazo mínimo de tres años.
-En segundo lugar, el régimen de actualización de precios, cuando el contrato las incluya, se adecuaría a un promedio entre en índice de precios y el de salarios.
-En tercer lugar, los inquilinos no pagarían las expensas extraordinarias ni los impuestos que gravan la propiedad.
-En cuarto lugar, la devolución del depósito se haría con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.
-En quinto lugar, la Ley permitiría bajar sensiblemente los gastos de Comisión u Honorarios Inmobiliarios que hoy afrontan los inquilinos.
-En último lugar, subrayamos que estamos en un contexto que hace aún más necesario la aprobación de la presente ley. En síntesis, creemos que éste es un gran paso para los más de seis millones de inquilinos (estudiantes, profesionales y asalariados) en todo el país. Y que, al mismo tiempo, sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generen condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir.
La difícil situación económica que está atravesando el país genera un manto de incertidumbre de cara al futuro que conlleva a que distintas personas empiecen a rever sus contratos de alquileres y a sacar números para ver si les alcanzará a la hora de renovar los contratos que, en promedio, rondan entre el 30 y el 40%.
