Primer paso en Diputados para que Santa Fe tenga juicios por jurados
Leyes
Hubo amplio respaldo y el voto contrario de Cambiemos. Disidencias en el oficialismo sobre los delitos a juzgar y la instancia revisora.
Mario Cáffaro
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La Cámara de Diputados votó por amplia mayoría (40-6) el proyecto que establece en Santa Fe el juicio por jurados para determinados delitos, tema que deberá ser convalidado por el Senado. “Es una herramienta más de transformación del sistema penal” afirmó el socialista Rubén Galassi al abrir las exposiciones fundamentando el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que había trabajado en base a cinco proyectos, entre ellos un mensaje del Poder Ejecutivo. Los seis votos en contra fueron de la bancada de Cambiemos y fundamentados en el recinto por Norberto Nicotra.
En cambio, el radical Santiago Mascheroni aceptó sumar el voto de un sector importante de esa bancada, pero con observaciones sobre la eficacia del sistema y sobre la parte referida a ‘juicios estancados’.
El proyecto que fue cabeza del tema fue el del oficialista Ariel Bermúdez (Creo) y tiene sello de ingreso el 17 de marzo de 2017. Le siguieron el mensaje del Poder Ejecutivo, otro del demoprogresista Gabriel Real y dos iniciativas justicialistas, una de Julio Eggimann y la restante de Leandro Busatto.
Fue Galassi el encargado de fundamentar y explicar cómo funcionaría el sistema. Tanto el socialista como la mayoría de los expositores coincidieron en marcar que el proyecto “contribuirá a reconfigurar el vínculo del ciudadano con la justicia penal, aportar a transparentar el funcionamiento del Poder Judicial; a generar mayor conciencia ciudadana respecto del funcionamiento y las implicancias de las decisiones en el sistema judicial; limitar el exceso de tecnicismos, formalismos y los intereses corporativos de todo tipo de organización y garantizar los principios básicos del proceso penal”.
Enumeró los delitos que contempla el texto votado: los cometidos con dolo o preterintención que hayan tenido como resultado la muerte de una o más personas; torturas, severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos; abusos sexuales agravados por acceso carnal o sometimiento gravemente ultrajante; promoción y facilitación de la corrupción de menores de 13 años de edad; estrago doloso cometido por un funcionario público y lesiones gravísimas cometidas mediante la utilización de armas o vinculadas con la violencia de género. Precisamente esa fue una de las objeciones de Mascheroni. Su propuesta era para delitos con penas superiores a los 8 años. La mayoría optó por penas superiores a los 20 años y por ende -según el radical- serán pocos los casos que llegarán a esa instancia.
El jurado será de doce miembros, con paridad de género y sus integrados sorteados del padrón entre mayores de 18 y menores de 75 años, argentinos o naturalizados con dos años de ejercicio de la ciudadanía, quienes deben saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional, además de gozar plenamente de los derechos políticos, y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a dos años. También están las excepciones. El jurado deberá dictar un veredicto y el juez aplicar la pena correspondiente.
Otras veces
“Es una sesión histórica. Estamos cumpliendo con un mandato constitucional que lleva una demora de 175 años. El jurado popular es más y mejor democracia porque permite la participación directa del ciudadano y eso es una verdadera democratización de la justicia” afirmó el radical Jorge Henn. “Instaurar el juicio por jurado es coronar un proceso de reforma procesal penal del que esta Provincia puede enorgullecerse a nivel latinoamericano. Además es más y mejor república porque hace visible cómo se administra la justicia”, acotó.
También Eggimann habló de saldar la deuda y de la demolición de prejuicios acerca de que la justicia debe estar únicamente en manos de profesionales. Para Busatto, el proyecto reforzará la celeridad y oralidad del nuevo sistema penal y con estadísticas de provincia de Buenos Aires demostró que el 56% de los casos terminaron con condenas.
En cambio, Nicotra dijo que si bien el tema fue incluido en la Constitución de 1853, el presidente Bartolomé Mitre al organizar el Poder Judicial optó por otro sistema jurídico. Pero además cuestionó la redacción del proyecto, al que consideró engorroso e impracticable. “A duras penas podemos armar las mesas electorales en los comicios, cómo vamos a poder conformar los jurados” disparó.
Bermúdez también destacó la necesidad de democratización de la justicia. “Hoy las sociedades demandan más transparencia en los tres poderes del estado y el jurado popular es una garantía de ello, cumpliendo con un mandato establecido ya en tres artículos de la Constitución Nacional de 1853. Actualmente el único poder del Estado donde no interviene el pueblo directamente es el Poder Judicial y para contribuir a ese debate en la provincia de Santa Fe, en el año 2013 presentamos este proyecto”.
Repasando la historia judicial de las últimas décadas, Bermúdez se preguntó qué hubiese ocurrido si juicios como el del caso María Soledad Morales, AMIA, la tragedia de Once, Grassi, Marita Verón, Panamá Papers, Ángeles Rawson, Monseñor Storni, Feruglio, Baraldo y el vaciamiento del Banco de Santa Fe hubiesen sido decididos por medio de la participación de un jurado popular.
El último orador fue Mascheroni quien admitió que “le hubiese gustado un mayor consenso e incluso unanimidad” y fijó sus reparos sobre la escasez de causas que entrarían en el sistema teniendo en cuenta que desde febrero de 2014 cuando entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal a diciembre último fueron 860.000 los expedientes abiertos.
Las otras experiencias
Bermúdez y Galassi en sus discursos mencionaron la situación del juicio por jurado en otras provincias. En Córdoba la ley fue aprobada el 22 de septiembre de 2004 y está funcionando desde enero de 2005, habiéndose realizado más de 300 juicios. En Chaco, se aprobó en septiembre de 2015 destacándose la regulación de un jurado especial para comunidades indígenas cuando el delito involucre como víctimas y acusados a miembros de los pueblos originarios qom, wichí o mocoví. En Neuquén, en 2011 adoptó el modelo por el que se han realizado más de 30 juicios. En provincia de Buenos Aires, la ley 14.453 fue sancionada en 2013. Río Negro sancionó su nuevo Código Procesal Penal que contempla el jurado obligatorio de doce vecinos y veredicto unánime. Actualmente la CABA, Chubut y La Rioja se aprestan a sancionar sus respectivas leyes.
