jueves, abril 30 2026

Se trata de 150 millones de pesos

Son fondos no reintegrables autorizados por un decreto de Miguel Lifschitz el 28 de diciembre último. Leandro Busatto advirtió que es una decisión “arbitraria”, y que desnaturaliza el rol municipal. El ministro José Garibay defendió la medida y aseguró que se asiste a muchas administraciones locales de la provincia.

Ivana Fux
ifux@ellitoral.com

Un decreto del gobernador autorizando un subsidio para obras de alumbrado público en la ciudad de Rosario generó polémica en la oposición. Se trata del Nro. 4182 fechado el 28 de diciembre a través del cual, el Poder Ejecutivo provincial concede un aporte no reintegrable de 150 millones de pesos a favor del municipio rosarino. El dinero, que no exige una devolución como contrapartida, fue destinado a “cubrir erogaciones realizadas con motivo de la provisión de materiales en el marco de la obra de modernización del alumbrado público en las calles de la ciudad de Rosario”. Según plantea el mismo decreto, el aporte se concede a partir de que la municipalidad rosarina solicitara “una ayuda económica” para las obras mencionadas. El texto también consigna que para poder entregar dicho aporte será necesaria una serie de reasignaciones presupuestarias que implican reducciones de partidas -por ejemplo- en Economía (19 millones de pesos), en la Secretaría de hábitat (53 millones de pesos, y en Seguridad (25 millones).

Cuestionamientos

El hecho generó críticas en la oposición legislativa. El diputado provincial Leandro Busatto (PJ) observó, en primer lugar, “la discrecionalidad” del Poder Ejecutivo. “El gobierno tiene un trato discrecional a favor de la Municipalidad de Rosario, que ratifica lo que muchas veces advertimos; Rosario se ha convertido en un municipio sostenido por los aportes de la provincia”, dijo a El Litoral. En segundo término, consideró que el motivo que genera el subsidio “interfiere en una de las funciones que le corresponden exclusivamente al municipio, como es alumbrado público. De lo contrario -advirtió-, la municipalidad debería dejar de cobrarle a sus vecinos la tasa correspondiente. Si no es así, el resto de los ciudadanos de la provincia estaríamos subsidiando el alumbrado público de esa ciudad”. En el mismo sentido, cuestionó que se trate de un aporte no reintegrable. “Si fuese un préstamo o un convenio, todavía; pero no hay obligación de devolverlo”, alertó.

Para Busatto, “es llamativo” que se recorten partidas de otras áreas para entregar el subsidio, y “sorprende que en épocas en que la tarifa de la luz jaquea al usuario, el gobierno desempolve 150 millones de pesos sin pensar en amortizar o mitigar los aumentos tarifarios”.

Finalmente, alertó que ante la decisión del Poder Ejecutivo, “cualquier municipio queda legitimado para pedir asistencia económica en las mismas condiciones por razones como ésta (alumbrado público), o situaciones de mayor urgencia aún. Es una decisión totalmente fuera de contexto y que desnaturaliza la función del municipio”, insistió.

En defensa

La repartición provincial que otorgó el subsidio fue el Ministerio de Infraestructura. Su titular, José Garibay, justificó y defendió la decisión. Consultado por El Litoral, dijo que su cartera “habitualmente entrega subsidios y ayudas para muchos municipios y comunas. Cuando es a Rosario, el impacto del monto siempre suele ser bastante importante. En este caso -explicó-, es para que la municipalidad invierta en una readecuación de la iluminación de sus avenidas para que pasen a led. Le hemos entregado otros subsidios en el caso de las líneas de troles, la obra del autódromo… También hemos entregado a otros municipios y comunas; tenemos este vínculo de acompañar en sus proyectos de infraestructura y desarrollo”.

Consultado acerca de la decisión de reducir partidas a otras áreas, aclaró que ésa es una competencia del Ministerio de Economía. “Yo vengo manejando cómo se operativiza esto desde el punto de vista de la normativa. El hecho de ver de dónde salen los recursos es un tema que lo maneja el Ministerio de Economía, y en virtud de una decisión que tomamos desde el aspecto político y técnico. Después hay una readecuación de partidas, en función del grado de compromiso que se registra en cada momento”, concluyó. 

 

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