Aún quedan 1.800 niños sin ubicar en las salas de 4 años
Dato del Ministerio de Educación para toda la provincia
El secretario de Educación dijo que el Estado va a cumplir con su “responsabilidad” de garantizar lugares para todos. Aseguró que el dato es “parcial”, porque hay un remanente de bancos producto de que los padres anotaron a los chicos en dos o tres jardines. Se crearán 80 cargos docentes en 2017 para satisfacer la demanda.
Mariela Goy
redaccion@miradorprovincial.com
El pasado viernes cerró la etapa de inscripción en jardines de infantes santafesinos y el Ministerio de Educación admite que 1.800 niños aún no consiguieron lugar en salas de 4 años para el 2017 dentro del sistema público provincial. No obstante, aclara que no es el “número final”, porque hay padres que los anotaron en dos o tres jardines -información que aún se está consolidando- y porque resta la etapa de inscripción de febrero.
La cifra coincide con el relevamiento que dio a conocer en las últimas horas el gremio de la docencia pública (Amsafe) y que sostiene que “hay más de 2 mil niños -el 15% de los inscriptos al nivel inicial- que quedarían sin vacantes, de no mediar acciones inmediatas por parte de la cartera educativa previo al inicio del ciclo 2017”.
La sala de 4 años del jardín de infantes es obligatoria a partir de la ley 27.045 (modificatoria de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206) que fuera aprobada por el Congreso en diciembre de 2014 y que quedara promulgada en enero de 2015. Desde entonces, las provincias deben ir ampliando la oferta de esa sala para dar garantías de que todos los niños accedan al nivel.
El secretario de Educación, Oscar Di Paolo, indicó a este medio que “al día de hoy quedan 1.800 chicos sin bancos en salas de 4 años, pero no queremos que la información genere inquietud, porque el dato aún es parcial. Tenemos una cantidad importante de padres que anotaron a sus hijos en tres o cuatro jardines y, una vez cruzada esa información, vamos a tener un remanente de lugares que vamos a ofrecer. Esto se da todos los años y la información genera incertidumbre”.
Según indicó el funcionario, la demanda más importante se registra en las grandes ciudades donde se crean nuevos barrios de vivienda, que deben ir siendo acompañados por la creación de más oferta educativa. Di Paolo destacó que en la provincia se viene generando una política de ampliación del nivel inicial. “Hemos independizado más de 12 jardines entre el 2015 y 2016, y vamos a crear 80 cargos docentes en 2017 para cubrir la mayor demanda. Además, ya fueron licitados 8 jardines nuevos para la provincia con fondos nacionales, aunque todavía no están en construcción porque ha habido discusiones presupuestarias a nivel nacional que postergaron el plan”, explicó.
El secretario aseguró que “el Estado va a cumplir con su responsabilidad y garantizará que todos los niños y niñas tengan su banco”. A la vez que le envió un mensaje a los padres: “que se tranquilicen, porque vamos a cumplir con esta obligación y, agotadas las instancias, deben dirigirse a la delegación regional correspondiente para ser reubicados”.
“Mayor inversión”
“Desde Amsafe reiteramos nuestro reclamo de mayor presupuesto para la creación de cargos y obras de infraestructura para cubrir este grave déficit de atención en el nivel, exigencia que realizamos en el marco de la iniciativa que impulsamos desde Ctera de aprobar una nueva Ley de Financiamiento que eleve la inversión en educación del 6 al 10 % del Producto Bruto Interno nacional”, señala el gremio en un comunicado.
Asimismo, asegura que hay una “falta de inversión presupuestaria dentro de 180 escuelas primarias donde funcionan salas de jardín de 4 y 5 años, recargando las responsabilidades de un director de otro nivel, poniendo en riesgo la seguridad de miles de niños santafesinos en su primera infancia y limitando la carrera docente de las maestras jardineras que trabajan en estas instituciones”.
Por todo esto, el sindicato exige “al Gobierno provincial y nacional abrir debates en el ámbito paritario tendientes a resolver todas estas problemáticas denunciadas para garantizar de manera efectiva el derecho social a la educación y cumplir con las normativas vigentes en materia de educación y de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
