No va más
Rosario y Santa Fe son dos de las ciudades con mayor índice de litigiosidad. En el Colegio de Abogados analizaron el problema y trabajan con el objetivo de superar esta situación.
Ignacio Negri
redaccion@miradorprovincial.com
"Es bueno que los abogados tengan la valentía y la responsabilidad de traer un problema donde se les imputa ser la causa del mismo”, fueron las primeras palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, haciendo referencia al marco (Colegio de Abogados) de un encuentro del cual participaron también el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, y miembros de la Comisión de Trabajo y Empleo y Desarrollo Productivo del Consejo Económico y Social. El tema fue el elevado índice de litigiosidad laboral.
“Nosotros desde el ministerio de trabajo tomamos nota de esta situación y entendemos que el aporte que podemos hacer, y venimos trabajando en esa dirección, es efectivamente utilizar al máximo lo que son las funciones básicas del ministerio”, afirmó Genesini, destacando que siempre se busca tratar de resolver las situaciones de modo tal que no se llegue a un juicio.
Agregó que desde el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se abordan dos áreas: por un lado la seguridad en el trabajo, para prevenir los accidentes; y por el otro, la concientización y la sensibilización, porque “muchas cuestiones que hacen a la accidentalidad laboral derivan de la falta de cuidado de los trabajados y una actitud desaprensiva por parte de los empleadores”. Además aseguró que en los últimos años “se ha registrado en Santa Fe una disminución paulatina de los accidentes de trabajo”.
Situación compleja
De esa manera describió la problemática el ministro de Justicia. “Cuando se empieza a echar la culpa al otro, comienza uno a ver que hay un problema sistémico, por lo tanto el Estado, dentro de las competencias y recursos que tiene, debe tratar de buscar algún tipo de solución”, destacó. Además compartió los datos recabados durante 2015 en relación a la cantidad de causas laborales y riesgo de trabajo en distintas ciudades de la provincia y advirtió que en Rosario las primeras suman 23585 y las segundas 11000, por lo tanto remarcó que se observa un agravante en la ciudad del sur.
Asimismo, planteó como propuestas concretas: el cambio en relación a las comisiones médicas “utilizándolas como un mecanismo para reducir la conflictividad”; generar una superintendencia de riesgos de trabajo que funcione con un criterio de mayor amplitud; e implementar una mediación dentro del ámbito del proceso judicial.
Luego del intercambio con los presentes, Silberstein expresó que este encuentro “sirvió para escuchar a todos los interesados en el tema y para hacerles saber que desde el ejecutivo provincial nos preocupa el tema”. Y agregó que es fructífero tener la posibilidad de explicar lo que se está haciendo y transmitir que “nosotros en muy corto plazo vamos a dar respuesta dentro de las competencias que tenemos”.
Al finalizar la reunión, el Ing. Claudio Mossuz, Presidente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y coordinador institucional de la comisión de Desarrollo Productivo, destacó que el intercambio de ideas fue positivo y dijo que “estar en la casa de los abogados, es significativo y el que estén los ministros le da un marco de referencia mas que importante”. También reflexionó: “Tener un evento de esta magnitud generado por una comisión del CEyS no es poco. Todos están conscientes de la gravedad de la situación, esperamos que esto genere un poquito más de efervescencia”. Y advirtió que la idea de la comisión es que el tema nunca decaiga para que se tomen las medidas necesarias.
Un marco que no acompaña
Si bien la industria del juicio comenzó a partir de 2004 en todo el país, lo que sucede hoy por hoy en el territorio provincial alertó a todo el sistema, que hoy se siente en riesgo frente a este vaciamiento que genera el alto nivel de litigiosidad y que no tiene como objeto beneficiar a los trabajadores sino a los intermediarios del conflicto
En 2002 en Argentina había 3 mil situaciones de este tipo, 10 años después llegaron a 55 mil. Las casi 60 mil causas anuales caen sobre las 23 aseguradoras que se dividen el mercado nacional, pero solo 10 de estas empresas, tienen entre el 60 y 70 % de los litigios de todo el país.
Por otra parte, las demoras de las sentencias llegan en algunos casos a 7 o más años y la cantidad de expedientes que ingresan diariamente a cada juzgado entorpece el accionar judicial. El juez hoy no es efectivo como antes por la unión de dos factores: la falta de infraestructura y el crecimiento de la demanda.



















