Tarea conjunta para aminorar la violencia en barrios del Gran Rosario
Convenio entre poderes
“La idea es ofrecer una respuesta unificada del Estado a la población”, afirmó Lifschitz tras la firma de un convenio con el Ministerio Público de la Acusación y los intendentes de Rosario, Pérez y Villa Gobernador Gálvez.
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, firmó este jueves un convenio cooperación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los municipios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pérez, con el fin de establecer un marco general de cooperación mediante el cual desarrollarán en forma conjunta acciones tendientes a implementar un “dispositivo de intervención multiagencial para el abordaje territorial de violencias”.
De la rúbrica participaron el fiscal general, Julio De Olazábal, y los intendentes de Rosario, Mónica Fein, de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, y de Pérez, Pablo Corsalini.
Lifschitz destacó que el convenio “no es más que el reflejo de una experiencia que se viene consolidando a lo largo de varios meses de trabajo en algunos barrios de Rosario, en Cabín 9 de Pérez y también en áreas de Villa Gobernador Gálvez”.
A partir del acuerdo, el gobierno provincial se compromete a gestionar la conformación de los espacios de coordinación general, territorial y del equipo de gestión de la matriz unificada de datos previstos en el mencionado dispositivo, aportando los recursos humanos necesarios a tal efecto (personal de gabinete, temporario, contratado o de planta).
El gobernador dijo además que se trata de “una experiencia que no podría haberse concretado ni planteado si previamente no se hubieran dado las condiciones para que esto ocurriera. Si no tuviéramos un nuevo sistema penal con un equipo de fiscales comprometidos con la investigación de los delitos yendo al fondo de las cuestiones, no sólo buscando el castigo a través de la pena sino también la solución más estructural de los problemas. Y si no hubiera también gobiernos locales comprometidos con esta mirada social del territorio y la necesidad de buscar propuestas de inclusión social y urbana en los barrios más postergados, en los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Lifschitz remarcó que “la idea es integrar y ofrecer una respuesta unificada del Estado a la población”. Al tiempo que expresó que el acuerdo firmado “nos pone en camino de superación de los problema de manera concreta y real. No para la foto ni el show, sino para encontrar soluciones duraderas”.
Estuvieron presentes en el acto, además, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, de Justicia, Ricardo Silberstein, y de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; los secretarios General y de Desarrollo Social de Rosario, Pablo Javkin y Laura Capilla, respectivamente; y el fiscal Regional de Rosario, Jorge Baclini, entre otros.
Por su parte, Fein manifestó que “se acaba de firmar la coordinación de todos los niveles del Estado que permite el abordaje de todo un territorio trabajando desde la recuperación de los jóvenes, trabajando con la familia y desde la integralidad”. Y añadió: “Santa Fe está dando un ejemplo serio de cómo abordar la violencia urbana en la provincia”.
En tanto, Corsalini señaló que “desde el 10 de diciembre, cuando asumimos, entendimos y nos hicimos cargo de que había un problema de seguridad que era real y existía. Por eso buscamos ayuda a nivel provincial, a partir de lo cual empezamos a hacer un abordaje integral, a través de allanamientos, trabajo de investigación y fundamentalmente trabajo social”.
Para Ricci, el convenio rubricado “es muy importante y más para una ciudad como la nuestra que venía siendo muy maltratada por toda esta problemática de la violencia. Ya se hicieron experiencias con algunos barrios de Rosario y ahora se agranda hacia localidades como Pérez y Villa Gobernador Gálvez, en sus barrios más problemáticos”.
Asimismo, Silberstein señaló que el convenio “ofrece recursos y logística, además de un abordaje de lo general y lo particular, acompañado de una política social y de integración que funcione a la par de la justicia penal”.
El fiscal De Olazábal expresó que “la excesiva especialización, muchas veces nos hace perder la problemática general de la violencia y la realidad integral de las personas. Por esto creo que hoy se han establecido las bases de cómo coordinar acciones entre los tres poderes del Estado y cómo solucionar el problema en que estamos inmersos de manera integral”.
