Cristina pagaba a privadas porteñas obras y salarios
Trato preferencial
El trato que el gobierno anterior brindó a las empresas privadas que prestan el servicio de energía eléctrica en Capital Federal y el conurbano bonaerense fue muy diferente al resto de las distribuidoras, en el interior.
Luis Rodrigo
redaccion@miradorprovincial.com
El trato que el gobierno anterior brindó a las empresas privadas que prestan el servicio de energía eléctrica en Capital Federal y el conurbano bonaerense fue muy diferente al resto de las distribuidoras, en el interior. Como también lo fueron los límites para desarrollar políticas empresarias propias en uno y otro caso. Hoy lo muestra, en el caso de la EPE, tanto sus tarifas como sus inversiones y el nivel de respuesta a la demanda.
No es cierto que durante el kirchnerismo sólo hubiera subsidios a la generación de energía eléctrica, con igual alcance para todo el país. Además, había mucho dinero del Estado nacional -aportado por todos- que sólo impactaban en las facturas de porteños y bonaerenses, que poseen el mercado eléctrico más concentrado y rentable del país.
La participación del (fallecido) Oscar Lescano en audiencias oficiales junto a la entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y a Julio de Vido, entre otros funcionarios, era frecuente. Desde 2010 en adelante fueron públicas las negociaciones salariales de Luz y Fuerza con el gobierno nacional, para acordar los sueldos que pagaban las privatizadas. Esas paritarias se celebraban en Olivos.
Algunas preguntas retóricas: ¿qué era sino un subsidio a Buenos Aires, el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Resolución 347 del Enre), si Edenor y Edesur eran (son) las únicas concesionarias bajo el Estado nacional?
¿Cómo más puede llamarse la Resolución Nº 3 del Ministerio de Infraestructura, de enero de 2014, que agregó a esos recursos más dinero ante la evidencia de que el fondo resultaba insuficiente? Y lo mismo, la Resolución Nº 10 de la Secretaría de Energía, del mismo mes, que sumó lo que llamó Plan de Inversiones Extraordinario al funcionamiento de Edesur y Edenor, mediante adendas con Cammesa.
Edenor recibió más dinero el 26 de septiembre de 2014 (resolución 65) de la Secretaría y lo mismo Edesur (resolución 4.012 de junio de 2014) para que la firma pagara el aumento salarial plasmado en la Resolución Nº 836 de la Secretaría de Trabajo.
El último aporte fue el 11 de marzo de 2015 (resolución 32 de la Secretaría de Energía). Entonces se aprobó un aumento “transitorio y adicional” en los ingresos para Edenor y para Edesur, con vigencia a partir del 1º de febrero de 2015 para cubrir sin aumentos de la tarifa para porteños y bonaerenses los costos de (mal) funcionamiento de ambas compañías hasta fin de año.
Una aclaración: en cada resolución, las cifras no figuran. Se las aprueba con referencias a anexos, ítems, acuerdos marco o alguna otra documentación que no se encuentra junto a cada decisorio.
No sólo eso pagaba el Estado nacional. Como todos los gobiernos anteriores, a la administración K le tocó abonar los consumos de todas las villas miseria, tal como hoy hacen las actuales autoridades de Cambiemos.
Las políticas nacionales para los casos sociales son bastante simples: se limitan a instalar un medidor comunitario en cada barrio pobre para facturarle al Estado nacional lo que consumen los enganchados. No importan su gasto irracional ni las mortales instalaciones improvisadas.
Aquí, en cambio, existe un programa de regularización de suministros (primero Luz y Agua Segura, luego Plan Abre) que -al menos- busca convertir en el largo plazo a los enganchados en clientes regulares con derechos y una tarifa social económica. La nueva tarifa social nacional puede ser un incentivo (también fiscal) para que ese plan llegue a todos los llamados “usuarios de hecho”.
