viernes, mayo 1 2026

Las cartas sobre la mesa

En Rosario se realizó el 4° Congreso Antimafia, organizado por La Alameda. Especialistas pusieron la mirada en el avance de las organizaciones criminales y las dificultades del Estado para abordar el problema.

Germán de los Santos
gsantos@miradorprovincial.com

Narcotráfico, explotación sexual, abuso y género, trabajo esclavo, transparencia, solidaridad, corrupción, ambiente y periodismo, fueron los tópicos por los que giró el 4º Congreso Antimafia que se realizó en Rosario.
Según Gustavo Vera, principal referente de La Alameda, una de las entidades que participaron de la organización del congreso, no fue una casualidad que estas jornadas se realizaron en Rosario, una ciudad atravesada por la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado.
En los dos días que duró el 4º Congreso Antimafia, los disertantes, jueces, fiscales, periodistas y especialistas indagaron sobre el avance del crimen organizado y la retracción del Estado en un territorio cada vez más abonado para que la narcocriminalidad se expanda.
Una de las voces más escuchadas fue la del juez federal Sebastián Casanello, protagonista estelar en la justicia federal de causas claves, como la llamada “ruta del dinero K” y la fiesta electrónica en Costa Salguero que dejó cinco muertos por intoxicación.
En un plano teórico, Casanello reseñó que “actualmente las empresas criminales dedicadas a la trata y al narcotráfico compiten entre sí y buscan ser más eficientes al igual que cualquier empresa capitalista moderna”. “Esto es un desafío enorme para el Estado porque no podemos quedarnos atrás de esa modernización y eficiencia de las empresas criminales si queremos combatirlas adecuadamente”, consideró el magistrado.
“La única forma más efectiva de golpear a las organizaciones criminales es dar con el capital ilícito, ya que si nosotros solamente apresamos gente que para la empresa es reemplazable, esa organización va a seguir funcionando”, advirtió el juez. Y remarcó que “en esta tarea el Estado no logra equiparar ni de lejos la eficiencia de las empresas criminales, sumando a esto la complejidad de estar atravesado por la corrupción y las complicidades”.

Entre la esquizofrenia y la especialización
La jueza federal chaqueña Zunilda Niremperger, que investigó la causa Carbón Blanco, coincidió con Casanello al advertir que “existe un Estado esquizofrénico, que por un lado sostiene una lucha contra la trata y la explotación de las personas y por otra parte no desarrolla políticas públicas ni los recursos necesarios para que esto se lleve a cabo”.
El fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, planteó “la necesidad de crear juzgados y fiscalías especializadas para investigar este tipo de delitos para poder empezar generar una profundización de la tarea y el conocimiento” para combatirlo.

La fuerza de la opinión pública
Un capítulo aparte lo dedicó el juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, al análisis del impacto de la opinión pública en los casos emblemáticos de narcotráfico. Vera Barros, quien ordenó la detención y procesó al ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, consideró que “el rol de la opinión pública es fundamental para el combate contra el narcotráfico, más allá de alguna que otra declaración de amor a las drogas, como la que se hizo visible en el Concejo Municipal con un supuesto proyecto de reducción de daños”.
Y desgranó una serie de términos e insinuaciones que se hace de manera permanente desde el gobierno provincial frente al fenómeno, entre los que destacó, el de la estigmatización, como un mecanismo de defensa para negar el problema. “Según esta visión el que investiga o habla de estas cuestiones está estigmatizando”, apuntó el magistrado.
“Cuando en Santa Fe se dice que el narcotráfico es un fenómeno internacional es para no hacer nada. Lo mismo sucede cuando se insinúa que es una batalla perdida. O que el narcotráfico es una problemática exclusiva de la seguridad y de exclusiva competencia federal. O que es una visión de derecha”, detalló.
“Al ligar al narcotráfico únicamente con la seguridad se deja de lado el tema de la vulnerabilidad social. La exclusión es el caldo de cultivo del narcotráfico”, subrayó. Y agregó: “Y cuando se dice que se trata de un delito federal se quita la responsabilidad de la prevención que corresponde al poder político de las provincias”.

No sólo es un delito federal
Vera Barros agregó una nueva visión crítica: “Otro concepto equivocado que tiene copyright del gobierno de Santa Fe es decir que el narcotráfico es un delito federal. Es una idea equivocada. Es un delito en el que interviene la justicia federal, pero la prevención es fundamental en el tema de las drogas ilícitas y eso le pertenece a la provincia”, señaló Vera Barros, quien advirtió: “Esa idea sólo circunscribe el problema a un hecho penal y deja afuera todo lo relacionado con la cuestión de salud”.
“Otra concepto que se escucha con frecuencia es el de la estigmatización. Es como traer desde el pasado el hecho del comegato. Y se termina imponiendo la idea que quien persigue al narcotráfico es un enemigo del pueblo, porque evita que vengan el turismo y las inversiones a Rosario. En definitiva esto termina siendo un consuelo de tontos”, ensayó el juez federal.
El magistrado opinó que a la par de estas conceptualizaciones aparece otra figura que se esgrime desde el gobierno de forma recurrente. “Se dice que todo hecho violento es fruto de ajustes de cuentas. El narcotráfico está asociado a la violencia. Es algo que impone una visión racista de la situación. Lo que hay es una lucha territorial, que es el primer paso hacia la cartelización y la suspensión del derecho por la ausencia del Estado”, definió.
“Por eso la opinión pública debe reaccionar. El Papa Francisco habló hace un tiempo de la mexicanización de la Argentina, algo que no gustó en México pero que es una realidad. El riesgo de que el narcotráfico escale es latente”, añadió.
El juez federal insistió en que “este problema hay que ponerlo en evidencia. La condena en Santa Fe del ex jefe de la Policía Hugo Tognoli confirmó que protegía a los narcos. Después de la caída de Tognoli cayeron otras bandas porque no tenían protección. Al no ser sofisticadas, sin la protección policial, estas bandas no pueden funcionar”.

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Edición impresa del domingo 8 de mayo de 2016

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