En revisión legislativa
Durante diez días la fuerza quedará al mando del subjefe Amaya. En ese lapso la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura revisará los antecedentes de Bruschi.
Luis Rodrigo
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Cambia el jefe de la Policía santafesina, y cambia también la modalidad de su designación. Deja su cargo Rafael Grau y lo reemplazará otro santafesino, Luis Bruschi, luego de que se expida sobre sus antecedentes la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura.
En ese lapso -que no podrá extenderse por más de diez días corridos- la fuerza quedará bajo las órdenes del actual subjefe José Luis Amaya.
Bruschi es oriundo de Santa Fe, donde se encuentra su casa paterna, pero desde hace algunos años vive en Rosario, a donde fue trasladado por su labor en la fuerza. Es el director general de la Policía de Investigaciones (PDI).
Razones
Sobre la designación del nuevo jefe de la fuerza habló el ministro de Seguridad de la Provincia Maximiliano Pullaro, y respecto de la autolimitación de sus facultades decidida por el gobernador Miguel Lifschitz, su par de Gobierno, Pablo Farías.
Con el cambio de nombres se busca “más operatividad”, “menos burocracia” y más respuestas de la policía, explicó Pullaro. Con la revisión de los antecedentes de Bruschi (y de Amaya) una mayor transparencia ante la sociedad, respecto de quién dará las órdenes a los uniformados.
El ministro elogió la labor de Grau, habló de los “pasos importantes “ que se dieron en estos 4 meses, de la disposición que mostró el comisario para dejar su cargo y agradeció su trabajo. Dijo que “en las instituciones policiales los cambios en estos niveles de conducción son naturales”.
Sobre el nuevo jefe policial, expresó: “es el indicado para la función, para el modelo de reforma policial que queremos llevar adelante”. Afirmó que el gobierno quiere “una policía proactiva, más metida en el territorio y que esté mucho pero mucho más en la calle”.
Pullaro dijo que Bruschi muestra “capacidad operativa y analítica”, necesarias para dirigir a sus subordinados.
Decide Lifschitz
Obviamente, ambas decisiones son del titular del Poder Ejecutivo Provincial. Tanto el nombre del jefe de la policía como el formato final de la consulta al Legislativo.
Miguel Lifschitz durante la campaña electoral tomó el compromiso de dar algún tipo de participación a la Legislatura para que designar al jefe y al subjefe de la policía no resulte una decisión en soledad del gobernador y para dotar de más prestigio la designación en una fuerza ganada por lo contrario.
Desde el punto de vista técnico el decreto 507, presentado el jueves muestra en su redacción una dificultad mayúscula: para dirigirse a la Legislatura, el Poder Ejecutivo envía mensajes (proyectos de ley) o pliegos (antecedentes de personas propuestas para cargos como los de los fiscales, defensores o jueces).
En este caso, el procedimiento sui generis será algo similar a una mera nota por mesa de entradas, dirigida a la Comisión Bicameral de Acuerdos (formada por senadores y diputados) cuya labor habitual es revisar pliegos y examinar a los propuestos.
Decisión particular
La Comisión, de aceptar la labor que le ha encomendado el gobernador, podrá presentar eventuales objeciones a los propuestos para encabezar la policía.
En otras palabras: no se va a expedir la Asamblea Legislativa que forman el pleno de los diputados y los senadores, ni se tratará la cuestión en una sesión pública. Su intervención será la de avalar o no la elección.
El método elegido se parece más a la función de asesoramiento que a la de control, pero es un filtro inédito.
Las primeras reacciones de los legisladores mostraban algunos signos de preocupación por la responsabilidad que se le impone a una parte de los senadores y los diputados, no a todos.
Las armas perdidas
El ministro Maximiliano Pullaro dijo que figura como uno de los ítems principales de su agenda la aparición de armas procedentes de Fabricaciones Militares, comercializadas de manera ilegal en la provincia.
Dijo que en los últimos 15 días en la ciudad de Rosario se han secuestrado 90 armas en distintos operativos y que entre esos elementos hay granadas de guerra, misiles, balas de FAL y municiones de 9 milímetros.
“Son resultados muy llamativos, muy preocupantes para nosotros. Vemos que hay una enorme cantidad de armas de Fabricaciones Militares que están de manera ilegal en manos de civiles”, dijo.
Tras recordar que para fines de 2015 se detectó a nivel nacional un faltante de 19.800 municiones recordó que “ese arsenal debió ser celosamente custodiado por el Estado”.
Confirmó que llevó las correspondientes denuncias sobre el tema a la Justicia Federal. En otro orden, Pullaro pidió “no tener una mirada sólo sobre la responsabilidad policial” respecto de los graves hechos de inseguridad que sufren los santafesinos. Puso un ejemplo: “dos días atrás, en Esperanza un remisero sufrió un robo y una golpiza realmente muy grave, y el ladrón y agresor fue apresado: ya tenía 18 causas penales”, expresó respecto de las responsabilidades de los jueces.
