Vicentin

La concursada empresa del norte santafesino espera una decisión clave del juez Fabián Lorenzini. Dice que ya está cerca del acuerdo con la cantidad de acreencias y de cápitas para continuar la actividad productiva.

La firma originaria de Avellaneda se desprendería además de otros activos. Tiene hasta el 28 de este mes para presentar su plan de pago a los acreedores, ante el juez del concurso.

El directorio tiene que presentar un plan de reestructuración empresaria hasta el 28 de febrero. Eso además de mejorar la propuesta de pago que el juez Lorenzini calificara como “abusiva”.

La resolución se conoció este martes. El magistrado la consideró “abusiva” porque no contempla plazos de pago. Y la halló “incompatible” con la ley concursal. Intimó a los accionistas a hacer un “aporte extra”.

El juez Román Lanzón, que entiende en la causa por presunta estafa de la empresa Vicentin, rechazó el pedido de la Fiscalía para que cinco ex directivos de la agroexportadora queden en prisión preventiva. En el mismo acto, les exigió constituir un seguro de caución por u$s 10 millones, el doble de lo que había ofrecido la defensa.

Aca, Molinos y Viterra (Glencore)  pondrían U$ S 300 millones por año para garantizar el trabajo y se harían cargo de la firma. Tratativas con los bancos extranjeros y el Nación, antes de llevar la propuesta al juez que atiende el concurso.

El proyecto permitirá recuperar la cerealera y reducir la millonaria deuda que ese grupo empresario mantiene con las entidades bancarias y el resto de los acreedores.

Los legisladores hicieron hincapié en la decisión que tomó sobre pesificación y dolarización de los montos adeudados a los diferentes actores.

Verificó 1727 acreedores, sobre más de 2.600. De ellos, 1290 son “granarios” y el resto se reparte entre el Estado, entidades financieras, distintas sociedades y por bienes y servicios. Lo resuelto por el magistrado no es definitivo, y puede ser discutido y renegociado. 

Tres gremios portuarios paralizan exportaciones por U$ S 1600 millones en 129 buques. Según las empresas, reclaman un bono 180% por encima del de diciembre de 2019, y que se “adelanten” aumentos a la inflación.